Específicas y determinadas tendencias van definiendo la conducta de los gobiernos y de la actividad política relacionados con los grandes retos que enfrentan el ciudadano, las autoridades, la sociedad y el mundo en estos momentos complejos por los que atraviesa la humanidad.

Porque si de algo están hastiados los pueblos es de la impunidad, el saqueo de los recursos del Estado, y las injusticias. A quienes así proceden hay que negarles el respaldo ciudadano y cerrarles las puertas enérgicamente.
Resulta amargo y frustratorio, cuando se analiza con detenimiento el panorama político criollo, visualizar la persistencia de personajes, prácticas y actitudes que, en esencia, vienen a ser una versión destemplada del enmascaramiento de conductas a las que es urgente sepultar de manera radical y para siempre.

En República Dominicana, por ejemplo, el ascenso al poder del presidente Abinader ha venido a significar el rechazo de la ciudadanía a conductas deleznables repudiadas por las personas decentes.

El ejecutivo ha demostrado en los hechos que sí se puede servir al pueblo y se puede administrar el Tesoro Público con pulcritud.

En el contexto latinoamericano, nuestro país fue uno de los primeros en los que se levantó la bandera de una justicia independiente y una postura del Estado encaminada a proteger el patrimonio público de las prácticas deplorables y malignas de enriquecimiento y depredación predominantes, con sus excepciones muy contadas, desde el ajusticiamiento de Rafael Trujillo hasta los años veinte de este siglo.

El robo de los recursos del Estado alcanzó límites inconcebibles en varios de los gobiernos encabezados por personajes que todavía deambulan por ahí, y que sueñan con alcanzar el poder nuevamente amparándose en el respaldo de sectores muy degradados de la sociedad que, de forma reiterada, han vivido principescamente del vil saqueo de los dineros públicos.

Resulta lamentable que gente señalada públicamente por haber arrastrado al país a niveles inconcebibles de prácticas corruptas todavía deambulen por esas calles de Dios exhibiéndose descaradamente y comportándose como si nada hubiera ocurrido.

Por supuesto, esos sujetos todavía mantienen acceso a los medios de proyección pública como si ellos no fueran lo que son: reos de la justicia. Violenta al ciudadano este evidente enmascaramiento de conductas cuyos expedientes deberían ser aireados ampliamente ante la opinión pública a fin de poner en práctica lo que debería ser un proceder indeclinable de todos: la “memoria contra el olvido”. Es inconcebible, a estas alturas del juego, que esos personajes deambulen por doquier ofreciendo declaraciones y presentándose ante todos como los redentores por los que aguardaba el pueblo dominicano.

Ante esta actitud desvergonzada es preciso levantar nueva vez el lema de “memoria contra el olvido” porque el proceso iniciado hace contados años por el presidente Abinader al concederle independencia al poder judicial tiene, frente a sí y todavía, un largo camino por recorrer.

Sólo con someter a todos estos sujetos a la justicia se avanzaría significativamente en el necesario proceso de profilaxis pública que demanda el dominicano comprometido con su país, con su familia, con el presente y el futuro de la Patria.

Sería un paso tanto político como institucional de gran trascendencia que los expedientes sobre robos y maniobras fraudulentas de las que esos sujetos son responsables sean aireados y conocidos por el Ministerio Público a fin de que sean sometidos a la justicia y encarcelados sin consideración de ninguna especie.

Esa gente es en verdad la culpable de muchas amarguras y sinsabores que todavía padecemos, pero que principalmente sufren los desposeídos, los infelices, los abandonados a su suerte que han encontrado en el actual presidente un verdadero amparo a sus necesidades.