Desde el momento mismo en que fue convocada una huelga en varias provincias del Cibao, bajo el reclamo de “rebaja de los precios de los combustibles y de los artículos de primera necesidad”, se sospechaba que la violencia sería uno de los recursos que se utilizarían para “obligar apoyos”.

En muchos de los pueblos bajo esa convocatoria los comercios fueron amenazados y hasta atacados.

La libre circulación de las personas fue obstruida con neumáticos quemados, troncos y basura lanzados al medio de las vías.

Resulta lamentable que grupos que han ganado simpatía social por realizar manifestaciones pacíficas se pongan al lado de otros conglomerados que tienen en la violencia, incluso en el sicariato, su instrumento preferido para lograr lucrarse.

Los problemas sociales que padece República Dominicana son solucionables dentro del marco del respeto y la institucionalidad.

Vivimos en una democracia, perfectible, pero respetuosa de los derechos civiles, y por tanto son esos derechos y los mecanismos que la democracia pone en nuestras manos los que debemos usar para manifestar nuestros descontentos.

Los que quieran manifestarse tienen derecho a hacerlo, dentro del marco de la ley; pero también tienen derecho a no protestar quienes prefieran no hacerlo. Así de simple.