Cuando publicaron la resolución del trabajo doméstico, aplaudí que se dote de mayor protección legal a los derechos de quienes trabajan en casas particulares.

La resolución era un caballo diseñado en comisión, que siempre sale burro o camello, como decidió el Tribunal Constitucional al declararla inconstitucional.

Además, es inaplicable en la práctica. Frecuentemente buenas intenciones con mala gerencia causan al gobierno más problemas de los que resuelven. Ejemplos: la necesaria planta flotante turca en Azua, víctima de una cadena de errores evitables que sus gestores han sido incapaces de solucionar.

La Cámara de Diputados estudia un proyecto sobre alquiler de inmuebles y desahucios, sin tener claro si la intención es estimular la construcción de viviendas o proteger falsos derechos de malapagas y malos inquilinos. Atentos a creer que consiguen más votos con los morosos, bajo la espuria excusa de un inexistente costo político, decisiones necesarias se siguen postergando.

Como las EDEs, ¿no es peor gastar casi US$3,000 millones en subsidios en vez de arreglarlas para que den luz barata y confiable? Si funcionarios míos “desayudaran” así, los envío a Alaska.