Cuando los promotores de causas malsanas, innobles o abusivas le reclaman a un medio periodístico “objetividad o imparcialidad” lo que realmente buscan es que les permitan “hacer de las suyas” sin ser criticados o sin ser puestos en evidencia.

Para EL DÍA la objetividad y la imparcialidad son interpretadas con otros valores: veracidad, honestidad, pluralidad y justicia.

Esos cuatro pilares suelen ser estorbos para aquellos que privilegian el interés propio sobre el interés colectivo.

Para el presidente del Colegio Dominicano de Notarios son un “desenfreno informativo, una especie de desarmonía espiritual y un evidente abuso de poder” las críticas a una ley que intenta imponer tarifas excesivas, y en algunos casos hasta ridículamente desproporcionadas, por prestar un servicio que el Estado ha delegado en los notarios.

Esa misma persona entiende que es “perder la cordura” no dejarle pasar por debajo de la mesa una ley que encarecería de manera desproporcionada casi todos los actos de la justicia civil.

El presidente de los notarios parece ignorar que esos servicios los paga el ciudadano y no solo la “oligarquía”, como él quiere dejar ver.

Ha hecho bien el Senado en aprobar un proyecto de ley para postergar en un año la aplicación de la Ley de Notarios, a fin de revisar y corregir las partes de la misma que tergiversan la función notarial.

La Cámara de Diputados tiene también ahora una oportunidad de enmendar ese error legislativo y atender al reclamo de los sectores productivos de la nación.