Cuando publiqué el anterior artículo, con el mismo nombre, todavía no había salido el informe del Defensor del Pueblo español, Ángel Gabilondo, que luego de una investigación exhaustiva señala que los abusos en el seno de la Iglesia Católica española rondan los 400 mil casos, una gran parte de los mismos es responsabilidad de sacerdotes y religiosos, pero también en el seno de colegios católicos y laicos vinculados a centros eclesiales.

Gabilondo señala con gran ecuanimidad que encontró a muchos obispos y superiores de congregaciones religiosas totalmente disponibles para cooperar con la investigación, pero en otros casos, de obispos sobre todo, el rechazo a cooperar fue evidente. Recordemos que la Iglesia es una comunidad amplia donde hay actores que mantienen la cultura del ocultamiento, opuestos radicalmente a la política eclesial del anterior Papa y Francisco de enfrentar con transparencia todos los casos. Como afirmé en el artículo anterior el espíritu de apertura, de Sinodalidad, sigue encontrando resistencia en obispos, sacerdotes y laicos.

Corresponde a la Iglesia española y al Estado español asumir acciones que sancionen esos hechos, prevengan que vuelvan ocurrir y sobre todo atender a las víctimas en todos los órdenes. Para muchas víctimas, en España y otra partes del mundo, el rechazo de ciertos actores eclesiales los ha victimizado doblemente. Indudablemente es contrario totalmente al espíritu del Evangelio.

En el caso dominicano la conducta del Nuncio Jozef Wesolowski fue un escándalo terrible, nunca visto en otras partes. Y es grave por los hechos cometidos, pero también por la venalidad de las autoridades dominicanas de enfrentar esa situación.

Hay un reportaje del periódico Diario Libre del 7 de diciembre del 2019, titulado Los catorce sacerdotes que atentaron contra la fe de la Iglesia en el país, y que detalla casos conocidos en los medios. Señala dicho artículo los nombres más sonoros: “Jozef Wesolowski, Meregildo Díaz, Elvin Taveras Durán, Javier Occi Reyes, el “padre Johnny”, Alberto Gil, Miguel Bienvenido Florenzán Ulloa” entre otros. Legítimamente debemos suponer que han ocurrido casos que no se han conocido en los medios de comunicación.

Entre los casos dominicanos hay hechos criminales terribles. “En febrero de este año (2019) condenaron a 30 años de prisión al expárroco Elvin Taveras Duran, quien fue encontrado culpable del brutal asesinato a martillazos y puñaladas del monaguillo de 16 años de edad, Fernelis Carrión”.

Lamentablemente actores eclesiásticos, sacerdotes y laicos, asumieron la defensa de los culpables, develando la práctica de ocultamiento que arrastramos desde hace mucho tiempo. “El sacerdote polaco Alberto Gil fue denunciado a finales de mayo del 2013 por la violación de por lo menos siete niños que tenía a su cuidado en la parroquia de Juncalito, Santiago de los Caballeros. Cuando el escándalo salió a la luz pública el religioso se fue a su país, pero fue atrapado. Un tribunal de Varsovia lo condenó a siete años de prisión en marzo del 2015. El exsacerdote tenía más de 87 mil fotos”. Si Wesolowski murió antes del juicio en el Vaticano, Alberto Gil tuvo que enfrentar la justicia de su país.

Es indudable que para los católicos esos casos nos avergüenzan y nos duele que mucha gente piense que esa es la norma entre el clero, lo cual es totalmente equivocado. Miles de sacerdotes, religiosos y laicos en República Dominicana dedican su vida al servicio de niños, niñas, adolescentes y adultos, cuidando su integridad y promoviéndolos como personas. Nos toca como Iglesia reforzar los procesos de formación del clero y los laicos, estimular la transparencia y enfatizar la política de cero tolerancia que está impulsando el Papa Francisco.