Cuando se producen situaciones como la ocurrida ayer en el entorno de la pirámide 13 de la frontera, en las vecindades de la comunidad dominicana de La Vigía, un sector cercano a la parte de Haití en la que está siendo construido el conflictivo canal para la toma de agua del río Masacre, se puede comprender la complejidad de la situación que se vive en la isla.

Ante las demostraciones de hostilidad realizadas ayer por un grupo de haitianos contra soldados dominicanos que patrullaban en la frontera, ¿con quién tratar esta peligrosa situación en Haití? ¿Directamente con los grupos que obstaculizaban las operaciones de los militares, con la autoridad local de Juana Méndez o con Puerto Príncipe?

En su sano juicio, cualquiera diría que, sin duda, el interlocutor tiene que ser el Gobierno nacional haitiano, porque ante una situación como esta no es posible razonar con gente que protesta ni parece adecuado hacerlo con una autoridad local.

La situación no pasó de ser una protesta de un grupo contra una patrulla militar, pero en casos como estos pueden ocurrir situaciones indeseadas. Y hay que evitarlas, sin dudas.
Pero por lo visto hace bastante tiempo que se ha perdido la comunicación entre el Gobierno del primer ministro Ariel Henry y el del presidente Luis Abinader.

Los últimos esfuerzos de comunicación al parecer tuvieron lugar con motivo de las diferencias de criterio sobre la construcción del canal contra el río Masacre en Juana Méndez, que el Gobierno dominicano considera un despropósito que dejará sin agua a productores agrícolas y a un importante humedal en una parte de Dajabón no lejos de allí.

Al parecer el primer ministro Henry encontró preferible apoyar a los constructores privados de la toma de agua que atender al tratado internacional sobre el manejo de las aguas en los ríos fronterizos, invocado por la parte dominicana.

A la parte dominicana le corresponde ser firme en la defensa de los intereses y del territorio nacionales, pero a la vez, inteligente.