Desde el pasado miércoles, y hasta el lunes de esta semana, la sociedad española se mantuvo en vilo a la espera de la decisión del presidente de Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, sobre si renunciaba o no al cargo. Finalmente, no lo hizo. El detonante de esto fue la apertura de una investigación contra su esposa basada en noticias falsas e impulsadas por Manos Limpias, un querellante contumaz vinculado a la ultraderecha.

El juez que admitió a trámite la querella –padre de una política electa del opositor Partido Popular– lo hizo a contrapelo de decisiones del Tribunal Supremo Español, que ha dicho que la simple denuncia periodística no es suficiente para ello.

Al plantearse dimitir, Sánchez denunció el uso de los tribunales como herramienta política y advirtió que esa práctica se impone en España.

No es el único. Este año, el primer ministro de Portugal Antonio Costa renunció tras el Ministerio Público allanar su residencia. Poco después se supo que, aunque parezca sorprendente, el presunto malhechor no era el primer ministro, sino un funcionario con nombre similar. Las cortes portuguesas han dicho en dos ocasiones que ese caso no tiene sustento. Pero el daño estaba hecho.

El caso brasileño es de todos conocido. Está demostrado que Sergio Moro prevaricó en su persecución contra Lula da Silva, y luego aceptó un cargo de ministro como premio por haber ayudado a Jair Bolsonaro a alcanzar la Presidencia. Quizás menos conocido es que, en marzo de este año, un informe del Consejo Nacional de Justicia brasileño señaló que Moro, el paladín de la anticorrupción, intentó distraer cientos de millones de dólares de los bienes confiscados durante los casos de corrupción, incluyendo Lava Jato.

En Guatemala es aún peor. Amparado en su independencia, el Ministerio Público intentó impedir que Bernardo Arévalo participara de la segunda vuelta en las elecciones. Y una vez electo procuró impedirle asumir el mando. Hoy, ese Ministerio Público independiente, aprovechando que no puede ser destituido, intenta por todos los medios impedirle gobernar.

No cabe duda de que Iberoamérica está siendo acosada por el fantasma del lawfare, el uso de los mecanismos de la justicia para ejecutar persecuciones políticas, lo que se concreta en investigaciones sesgadas, acusaciones selectivas y violaciones claras al debido proceso. Los dominicanos deberíamos tener ojo avizor para estar listos y saber reconocerlo cuando este proceder desembarque en nuestro país.