Junto con el conteo fatídico de los infectados por el Covid-19, los decesos, las recuperaciones y los hospitalizados debido a complicaciones que hacen insostenible su aislamiento domiciliario, la Policía Nacional ha ido, de día en día, entregando las cifras de las detenciones por la violación del toque de queda.

Cuando se escribe esta nota editorial la suma total de los detenidos por haber violado esta prohibición es cercana a los 23 mil individuos.

Una prohibición establecida para controlar la circulación de las personas, la reunión de amigos o vecinos en un horario generalmente propicio para la vida social, ha venido a ser motivo de socialización inversa, por indisciplina, al verse los agentes de orden público en la necesidad de meter a la fuerza en camiones a elementos anárquicos y llevarlos a espacios de confinamiento en los que tienen que permanecer juntos cuando la idea es que estén separados.

El toque de queda no es un invento del gobierno dominicano; no es una arbitrariedad establecida para causarle a nadie incomodidades innecesarias.

Es, en cambio, una herramienta mundial para el control del orden en unas condiciones en las que pudiera ser alterado con relativa facilidad; es, en realidad, un instrumento útil en la lucha coyuntural que libra la autoridad pública para evitar una explosión del contagio que pudiera volver inútil el sistema de salud para conservar la vida de aquellos que pudieran tenerla seriamente amenazada.

Algunas de las cifras dadas por la Policía Nacional acerca de las operaciones realizadas entre las 5:00 de la tarde del martes y las 6:00 de la mañana del miércoles provocan esta nota.

En diez horas fueron detenidas más de mil 500 personas en todo el país, la friolera de 22 mil 675 detenciones desde el día 20 de marzo, cuando fue iniciada la prohibición de circular libremente en el horario especificado.
Más que falta de civismo, más que falta de urbanidad, es una vergüenza.