La renuncia del asesor estrella, Pepe Vila, y la reforma policial de la República Dominicana, es la prueba más fehaciente de que el Gobierno –y en general, todos los gobiernos anteriores a este–, no quiere enfrentar la realidad impostergable de que se necesita un proyecto de ley de una nueva Policía Nacional.

No hay que temerle a la democracia y los tiempos que vivimos requieren al poder constituyente en su función de opinión especializada. Además, será la Policía que ellos necesitan.

Los planes de reforma policial estaban destinado al fortalecimiento de una institución en crisis. Para dotar de competencias y ejecuciones que se limitaría a mostrar una buena imagen de la organización policial, a ejercer control democrático de la prevención de la delincuencia y generar la confianza de la ciudadanía, la reforma debía reconocer que existía una insuficiencia de personal policial y recursos económicos insuficientes en medio de una creciente inseguridad ciudadana.

Eso se explica por lo mal pagado de sus miembros, y en esas condiciones no pueden responder a la demanda de la inseguridad urbana.

El servicio policial es, pues, un derecho fundamental, tiene un costo para el Estado.
No tenemos una Policía como lo manda la Constitución de 2010 y, menos aún, como lo indica la de 2015. No sé cómo es la correlación de policías privados y policías de orden públicos.

Pero deberán aprender a convivir juntos. Porque hasta el día de hoy es una pena el servicio de “guachimanes” de instituciones privadas con personalidades policiales públicas desechados.

En la práctica eso no equivale al servicio del serenazgo que se encuentra de servicio y comunica a la Policía de las novedades de su sector.

La nueva ley de Policía Nacional andaría en el orden constitucional. Los policías se han adaptado mínimamente al cumplimiento de los derechos, garantías y derechos fundamentales; como el derecho de no reducir a prisión o cohibir de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito. Pero han sido apático a la doctrina policial, y lo ha derivado a los temas de formación educativa universitaria para policías. Pero no es lo mismo.

Es el momento de planear una ley de Policía Nacional, con el concierto del derecho constitucional y derecho público, que haga posible un código de ética para los funcionarios policiales encargado de hacer cumplir la ley.

Existen muchas policías, y la Constitución se encarga de poner límites a los poderes y órganos que comprenden la organización y funcionamiento policial.

En el proyecto de la nueva Policía, dejará de existir la actual estructura de una organización de casta, y surgirá una nueva relación con las estructuras municipales, gubernamentales, las prerrogativas serán distintas, el patrullaje también será diferente, surgirán las policías de emergencias, y se creará el mecanismo de la denuncia, para atacar males como el ruido, el atraco, el linchamiento, y el delito de género.

La ley vigente de la Policía Nacional no plantea problemas claves, menos aún, los resuelve. Avanzar hacia una nueva forma de seguridad ciudadana, es más por cambiar la ley de la Policía, que por la reforma de la misma institución. En lugar de complicarse la vida, el Gobierno debe dejar que el Poder Legislativo acompañe el proceso de cambio, de transformación de la institución policial.

Es reforma con participación popular.

Debemos estar convencido de que sería un sistema de seguridad ciudadano más especializado, más eficiente, y dejaría de ser ajeno, superando las anomalías del sistema actual. Dado que la democracia es también el respeto de las minorías, los policías podrán ejercer el derecho al voto.