El presente estudio trata de los delitos y conductas fraudulentas contra los alimentos, que se comprenden en un ámbito más general –los medicamentos y los alimentos–, como delitos contra la salud pública.

El concomimiento necesario para llevar a cabo este estudio hasta ahora inexplorado por nuestra sociedad, sirve como el principio de una serie de investigaciones que demanda la comunidad local e internacional, y que se ha puesto en boga, en las llamadas “metas del milenio”, las ascendentes especulaciones a la comida, de la que se ha hecho eco, incluso, muchos gobiernos del tercer mundo.

Como plan de trabajo de investigación, el desarrollo del citado tema se llevará a cabo en varios momentos, que pueden resumirse en el estudio del fenómeno universal del hambre, esta vez como estudio criminológico, que explique el conjunto de causas de la actual crisis, en el mundo y en el país, donde se lleva a cabo el estudio.

En segundo lugar, se abordan algunas teorías de los delitos y fraudes cometidos contra los alimentos, a los fines de tipificar legalmente cuáles son las categorías que se estarán estudiando, a saber: alteración (contaminación, falsificación) de productos, falsa publicidad, alteración de precio (especulación, alteración de pesos, medidas), entre otros.

Una tercera parte, trata del procedimiento en que se llevan a cabo el análisis de los principales productos alimenticios, así como los resultados de laboratorio, las opiniones de personas entrevistadas y el pensar de la población consumidora, de acuerdo a las encuestas practicadas.

La cuarta parte se refiere a los fraudes de alimentos y medios de comunicación, en los medios de comunicación, es decir, la Radio, TV y las etiquetas de los productos.

Una parte fundamental del estudio es reunir dentro de las informaciones obtenidas es la base legislativa de los delitos contra los alimentos, específicamente las normas inherentes y las generales; por ese conducto podemos comprender el funcionamiento de las instituciones que son creadas por estas mismas leyes.

El estudio de los alimentos es inherente a los objetivos de las metas del milenio, para el futuro del desarrollo de nuestro país: Hay que erradicar la pobreza extrema y el hambre, que se cierne como una amenaza para la humanidad.

Sin embargo, lo que nos hemos propuesto en la presente investigación, es dar un estatuto jurídico a los comportamientos desagradables que derivan de la alimentación, los cuales son inexplorados hasta el día de hoy en nuestro ámbito nacional.

Si prestamos atención, el problema del hambre y de los alimentos es una preocupación agitada de más de una forma por los organismos de la Naciones Unidas, por las cumbres del milenio, y otras tantas. Todos hemos sentido la necesidad de analizar la crisis de los alimentos, y en este caso, de los delitos contra el fraude de los alimentos, los motivos por los cuales estos están produciéndose.

En lo tocante a la criminología, es imprescindible construir una doctrina o cuerpo de teorías alrededor de la problemática planteada, por aquello de que racionalmente puede producirse una delincuencia específica en esta materia.

Estos delincuentes son llamados “alimenticios”, y se distinguen por las distintas formas de comisión de los delitos ya explicados.

Criminólogos como Sutherland, en cambio, relaciona la ‘delincuencia alimenticia’ como una forma de delito de cuello blanco, que tiene que ver con la mentalidad capitalista estatal, laguna en la legislación respecto al control sobre la producción y fabricación de los alimentos, así como la existencia de los fabricantes que estafan a los consumidores, por medio de mecanismos múltiples.