Santo Domingo.-Las empresas del sector de telecomunicaciones del país reiteran su desacuerdo con algunas disposiciones del proyecto de ley del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, aprobado recientemente por la Cámara de Diputados.

La ley plantea la imposición de una “tasa” al tráfico internacional como fuente de financiamiento, así como la instalación de equipos en las prestadoras para monitorear todo el tráfico de voz y datos en la República Dominicana.

En una nota de Claro, Orange, Tricom, Viva y Wind Telecom se señala que una consecuencia inevitable de este impuesto es el aumento del costo de las llamadas hacia la República Dominicana, el cual se traspasará al cliente que llama, en su mayoría dominicanos en el extranjero que aportan a la economía a través de sus remesas.

En el corto plazo provocará una disminución de esas llamadas, lo que a su vez afectará el precio del minuto internacional negociado con esos “carriers” en base a volumen.

Esto llevaría a las telefónicas locales a revisar los beneficios de sus planes residenciales, los cuales actualmente incluyen llamadas internacionales dentro de sus paquetes de minutos.

Las empresas afirmaron que la medida acelerará de forma importante la tendencia natural del mercado de utilizar otras formas más económicas de acceso disponibles para comunicarse (P.e. WhatssApp y Telegram), e incluso podría fomentar el negocio ilícito de tráfico o “bypass”, con lo que se reducirá el ingreso de divisas para las telefónicas y para el Gobierno.