SANTO DOMINGO.- El abogado constitucionalista Namphi Rodríguez solicitó a la Defensoría del Pueblo abrir una investigación para determinar la “pertinencia y legalidad” de las alrededor de 18 mil intervenciones telefónicas practicadas por el Ministerio Público en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo en solo año.

El jurista advirtió que un número tan elevado de intervenciones telefónicas sólo en dos provincias del país denota que “vivimos en un Estado Policial”.

“El gran Hermano que es el Estado está escuchando nuestras comunicaciones y muchas veces no lo sabemos, como lo demuestra el caso de la magistrada Miriam Germán Brito, quien era espiada por el Procurador con una orden judicial de un juez incompetente”, dijo.

Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, criticó los “alegatos tendenciosos e imprecisos” que muchas veces el Ministerio Público utiliza para sustentar las solicitudes de intervenciones telefónicas ante los jueces penales.

En ese sentido, dijo que la Defensoría del Pueblo, como órgano constitucional autónomo, está facultada por el artículo 191 de la Constitución para abrir una investigación y realizar una auditoria judicial que determine los méritos de las solicitudes de intervenciones telefónicas del Ministerio Público para constatar que no hay un estado generalizado de violación del derecho a la intimidad de las personas.

Advirtió que no se puede aceptar una “vigilancia genérica” de la ciudadanía bajo la supuesta necesidad de hacer más eficaz la lucha contra la delincuencia, porque ello implicaría permitir que un “Estado policial” suprima el Estado de Derecho que proclama la Constitución.