Nunca como en esta década el país había contado con tantos organismos e instituciones con el mismo objetivo: defender a los consumidores y usuarios ante la estafa por algún servicio por el que paga dinero.
En ese orden tenemos la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), el Centro de Atención al Usuario (CAU), Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom), Prousuario, Procompetencia, Pro Consumidor y el Defensor del Pueblo.
La pregunta válida es: ¿por qué tenemos tantos organismos con competencias similares con el objetivo de hacer un papel de defensa a los consumidores y usuarios? Sencillamente porque no hay un día donde no se lesione lo que en teoría son los derechos de los consumidores y usuarios.
A veces los propios incumbentes de los organismos de marras muestran lo que no tienen. Hablan de la falta de políticas en el sector. Hablan de colaboración y coordinación, de crear una coalición intersectorial. Hablan de defensa de los consumidores y usuarios.
Hace poco salió una gran idea con nombre: la propuesta de una Política Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor.
El tiempo pasa y resulta que todo eso de “brindar mejores servicios para la atención y la protección de los ciudadanos” se queda en discursos, propuestas, entrevistas y sueños que no hallan el camino de acciones concretas en beneficio de los benditos consumidores y usuarios, que somos todos.
Decir es hacer, pero todavía tenemos muchos organismos que se quedan en intenciones. Desafortunadamente.
