Por Matías Bosch C.

Cualquier ciudadano o ciudadana que asuma la posición progresista, es decir alineada con los idearios de los Trinitarios, los Restauradores, la causa democrática de 1963 y 1965, necesita hacer suya una crítica frontal y descarnada al régimen que impera en República Dominicana desde 1966, y sin titubeos negarle su carácter democrático.

Efectivamente, no estamos ante un régimen tiránico como el de Trujillo ni ante el bonapartismo despótico del dictador Joaquín Balaguer. Pero el orden de cosas no cumple los preceptos mínimos que se deben satisfacer para llamarse democrático. Aseverar esto es la única opción que nos queda ante el avasallamiento a los principios constitucionales que ha cometido, primero, la Cámara de Diputados y luego el Senado de la República, llamados en la Constitución “Congreso Nacional”, entre los meses de julio y agosto de 2016.

Esto no es exclusivo de República Dominicana. Acaba de manifestarse también en Brasil, primer país en tamaño y principal potencia económica de América Latina.

Veamos:

En el mes de julio, la Cámara de Diputados aprobó un nuevo Código Penal que -como mostramos en nuestro artículo “Código Penal: lecciones de un bloque de poder anticonstitucional”- atenta contra el letra y el espíritu de la Constitución de la República, en dos artículos centrales: El número 8 que reza “Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”, y el artículo 39, sobre el derecho a la igualdad, donde queda dicho: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal”.

Al aprobar un Código Penal que deja a las mujeres del pueblo, desprovistas de medios privados, sin ninguna protección cuando desarrollan un embarazo inviable, riesgoso para su vida o fruto de una violación, los y las congresistas implicados en ese desmán decidieron obedecer a cualquier jerarca o grupo social, menos al mandato de la Constitución, que es muy clara cuando dice en su artículo 2: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes”… soberanía ante la cual la función de senadores y diputados es la de  “legislar y fiscalizar en representación del pueblo”, de acuerdo al artículo 93.

Posteriormente, en días recientes, hemos visto como senadores y senadoras han efectuado un auto-aumento salarial con el argumento de hacerlo equitativo con sus funciones y con la escala salarial del Estado, amparándose, supuestamente en la ley 105-13 que regula la materia.

Pero dejaron al margen un detalle: que el articulo número 1 de dicha Ley sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano indica muy claramente: “Esta ley tiene por objeto establecer el marco regulador común de la política salarial para todo el sector público dominicano, con la finalidad de proporcionar una remuneración equitativa que sirva de estímulo a los servidores públicos para alcanzar, con niveles de rendimiento y productividad, los objetivos del Estado”.

Para hilar más fino, la referida ley refiere dos principios rectores: uno, el principio democrático y dos, el principio de equilibrio. El primero se refiere “compatibilizar la eficacia y eficiencia con los requerimientos de igualdad, mérito e imparcialidad” y el segundo a que “La política salarial debe estar orientada al logro de competencias, motivación y compromiso por parte de los servidores públicos”.

¿Cuánto trabajo de fiscalización realizan los senadores y senadoras? ¿Cuántas leyes en representación del pueblo preparan, formulan y aprueban? ¿Quién decide que han reunido los méritos, el rendimiento y la productividad para hacer cumplir a cabalidad el sentido y objetivo de la existencia del Estado, esto es “la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”? ¿Con qué criterio de imparcialidad se analizado la motivación que necesitan y el compromiso que han demostrado o no? Ya que señalan que es una inequidad que su salario fuese más bajo que el de los diputados ¿acaso el de esos diputados no se lo fijaron ellos mismos?

Más que el monto del reajuste, o el ajuste a la norma y el procedimiento, es la desfachatez con que Senado y Cámara de Diputados -entre rifas, sorteos, gastos de representación, donaciones, vehículos del año, combustible, telefonía, personal de servicio y seguridad, alimentos y bebidas, viajes privilegiados, descuentos tributarios- deciden ilimitadamente las cosas a su gusto y conveniencia, rindiendo explicaciones a cualquiera menos a sus mandantes.

En resumidas cuentas, lo que estamos viendo es como un conjunto de ciudadanos y ciudadanas elegidos para “legislar y fiscalizar en representación del pueblo” se toman literalmente la idea de “Poder Legislativo” y subvierten su papel, decidiendo por y en favor de sí mismos, una vez respecto de qué derecho tienen o no tienen las mujeres, otras veces sobre contratos de minería y privatización de empresas públicas, y otras más sobre su propio salario, privilegios impositivos y asignaciones presupuestarias. Quienes son representantes del poder del pueblo terminan actuando como detentadores de un poder que no debe explicaciones de nada a nadie; como bloque y de manera anticonstitucional. Y encima de esto, la ley y los administradores amparan lo que hagan, así como los “partidos políticos” a los que pertenecen callan y aprueban.

Tal vez para alguno quede la luz del senador opositor que votó en contra. Además de la sospecha de que la ganancia político-mediática de hacerlo no tenía aparejado ningún costo, pues no perdía el incremento salarial a favor, será interesante ver qué hace este senador con aquel dinero que votó por no recibir y mes a mes caerá en su cuenta. ¿Lo devolverá? ¿Lo usará en cumplir el mandato de la Constitución?

Retomando la mención a Brasil, es lo mismo que acaba de ocurrir en aquel país. Allí una presidenta legítima y constitucional, que tomó medidas fiscales irregulares pero en ningún caso corruptas, fue removida de su cargo por un Poder Legislativo que en vez de representar al pueblo para legislar y fiscalizar se convirtió, por decisión autónoma, en gran elector, dejando sin mayoría parlamentaria a la gobernante y torciendo la decisión de los ciudadanos en las urnas, todo esto amañado de acuerdo a una ley de responsabilidad fiscal, de corte neoliberal, impuesta entre fines de los 90 e inicios de 2000 no sólo en Brasil, sino que Chile, Perú y varios otros países, siguiendo las imposiciones del FMI y el Banco Mundial con la mano de hierro del financiamiento externo, el cartel de los bancos y los indicadores de riesgo.

De igual forma, ocurrió antes en Honduras y en Paraguay, donde en 2009 y 2012, respectivamente, los parlamentos asumieron inconstitucionalmente ser quienes decidían quién era o no era el presidente de la República, siendo el factor decisivo en los más recientes golpes de Estado en América Latina.

Veámoslo: es la democracia viciada, que llaman algunos autores; la democracia de baja intensidad como la llaman otros estudiosos; y en el caso de República Dominicana “la democracia bastarda” como la ha nombrado el historiador Piero Gleijeses, dado que a su juicio es nacida de un golpe de Estado, una ocupación extranjera y una cadena de fraudes electorales, manipulación y subordinación de la voluntad popular al poder de las cúpulas, el dinero y las negociaciones de pasillo.

Democracia viciada, democracia trunca, democracia de baja intensidad, democracia formalista, democracia de mínimos, democracia bastarda: distintos nombres para un gran hecho, notorio y terrible. El principio mínimo de que la voluntad de cada ciudadano y ciudadana, en igual valor e importancia, es la que decide los asuntos públicos, y que los representantes se deben a ellos rindiendo cuentas, creando normas y fiscalizando a favor suyo y de sus derechos, se ha trastocado en hacer de nosotros una masa de seres humanos expropiados de todo poder, mandantes ausentes e impotentes, sin voz ni voto en nada que realmente importe, no servidos sino al servicio de cúpulas ensimismadas a costa de la colectividad.

Matías Bosch Carcuro

@boschlibertario en Twitter