Todo cambia. Con el poder parecen desechables y perecederos los principios y valores. No podemos ni debemos impedir las transformaciones, por el contrario, debemos promoverlas y defenderlas, pero solo cuando sean necesarias para mejorar positivamente las instituciones.

Como instrumento al servicio de la solución de los conflictos, el sistema de justicia sufre cambios.

Se ponen al día las normas y se producen cambios jurisprudenciales, propios de una sociedad en constante evolución.

Lo que no cambia es el sentido del papel del juez en un estado democrático de derechos, con el consistente fortalecimiento de su independencia, presupuesto indispensable de imparcialidad, por oposición al juez políticamente dependiente y subalterno, que encarna fielmente la herencia de sus electores.

Como con los jueces de los políticos se garantiza impunidad, debemos volver al perfil del juez que imparta justicia sin plegarse al poder de turno o de quienes trastornan la institucionalidad para proteger comportamientos desviados y corruptos de sus políticos.

Si la política construye el orden jurídico y determina quienes lo interpretan y aplican, la ciudadanía tiene el derecho de exigir que la selección de los jueces, en una sociedad declarada tantas veces moderna, recaiga en profesionales con profundas convicciones democráticas, probada integridad, vasta y positiva experiencia y acrisolada conducta ética.

Lo correcto para la elección de los jueces supremos por parte del Consejo Nacional de la Magistratura es acudir a personas de gran solidez intelectual, jurídica, ciudadana, de comportamiento, autenticidad, bondad, corrección, sentido común, de carrera judicial, académicos y profesionales experimentados, pero sobre todo con la independencia necesaria para no producir decisiones fingidamente apegadas al derecho.

Para evitar la galopante desconfianza en la justicia, el momento es para recuperar la fe perdida en el sistema y en cada una de sus instituciones.

El ciudadano tiene derecho a tener jueces que le den la razón cuando la tenga y se la quiten cuando la tiene otro.

Todos tenemos el derecho a que la justicia sea impartida por hombres y mujeres con capacidad para resistir a los políticos que quieren tener sus jueces, aquellos que por sumisión deciden en el orden que más convenga a los intereses particulares, de grupos o de quienes contribuyeron a su elección.