Una mirada rápida a parte de los contratos publicitarios, que gracias a los controles de transparencia heredados de gestiones anteriores pueden auscultarse, queda evidenciado que la actual administración gubernamental usa la publicidad estatal como arma de control político y social.

Los “criterios” de asignación a que recurren las instituciones que colocan publicidad son básicamente tres: ser parte de los intereses políticos del oficialismo, que apoyen sus iniciativas o que los contratantes tengan motivos para la utilidad de determinados medios y espacios de opinión pública.

Difícilmente un profesional que no encaje en esos “parámetros” conseguirá un anuncio en instituciones como la Dirección de Comunicación de la Presidencia, del Banco de Reservas o de los ministerios de Educación y de Industria y Comercio, solo para citar algunas.

A modo de un simple ejemplo, un reportero que cubre las incidencias del Palacio Nacional tiene automáticamente asegurado un contrato publicitario, al margen del rating del medio o índice de audiencia.

De esa misma manera sucede con periodistas de espacios de radio, televisión y plataformas digitales, cuya criticidad hoy es cuestión del pasado.

Otra cuestión es que en esta forma de administración del Estado también median los referentes familiares, a pesar de que colide con la Ley de Contrataciones Públicas y la ética que deben observar aquellos que, en un momento determinado, ostentan el poder por delegación de la voluntad popular.

El uso político de la publicidad estatal representa una seria amenaza a la democracia, en virtud de que constituye una limitante a la libre expresión del pensamiento.

Contrasta con el hecho de que, en términos ideales, la comunicación debe observar en los diversos entornos los componentes de concienciación, de relaciones humanas, del arte, la religión y de la cultura. Desafortunadamente, con el accionar del Gobierno esta pretensión se queda en la visión del paradigma idealista.

La práctica, que cada día se hace más cotidiana, no favorece la transparencia informativa, vital en todo sistema democrático. Corresponde a los gobiernos verdaderamente democráticos destacar la relación directa existente entre los medios de comunicación y la democracia.

Eso así, porque en ninguna sociedad moderna existe democracia sin una prensa libre y ésta, a su vez, difícilmente podría subsistir en ningún otro sistema político; que implica la democratización de la publicidad estatal.

La ceguera es tal, por no decir la ignorancia, que en el ámbito gubernamental se ha perdido de vista que el siglo XXI encontró una sociedad mundial en la que las organizaciones sociales son más demandantes respecto a la necesidad de comunicarse, situación que ha llegado a impactar directamente a los medios de comunicación tradicionales.

En la historia de la humanidad, nunca la comunicación, como instrumento básico de la relación social, había sido tan estratégica para las organizaciones y los seres humanos.

Además, ha olvidado que las redes sociales, incorporadas con las modernas tecnologías, han abierto nuevos canales que permiten amplificar la comunicación interpersonal, garantizando, al mismo tiempo, mecanismos masivos de difusión adicionales a los que ofrecen la prensa, radio o televisión.

La problemática ha alcanzado niveles de seriedad tales, que ha derivado, casi de manera espectacular, en una complejidad para la plena comprensión del fenómeno comunicativo en sociedades democráticas y politizadas y en las que la lucha por el poder político es feroz, matizado por grandes intereses económicos.

Justamente, grandes corporaciones económicas son en la actualidad las propietarias de los medios de comunicación tradicionales.

Habrá de suponerse que en el Gobierno existe alguien en capacidad para comprender este contexto, y recomendar que la publicidad estatal debe ser democratizada como existencia de estos tiempos.