La asunción de Javier Milei a la presidencia de Argentina ha puesto de moda “algo” que se había olvidado en el debate de la economía: las políticas de estabilización y ajuste estructural, que otrora formaron parte de las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En la década de los 80 muchos países, particularmente de América del Sur, aprendieron de alguna manera a convivir con la inflación. La indización y el reajuste eran de uso generalizado y la mayoría de los agentes económicos pensaban más en términos reales que nominales.

Sin embargo, esta visión perdió su eficacia cuando la tasa anual de precios escaló a tres dígitos. Fue cuando los costos de esta situación y el temor a la hiperinflación obligó a algunos países, como Argentina, entre otros, a dar prioridad a las políticas de estabilización y ajuste estructural.

Tradicionalmente, las políticas de estabilización y ajuste estructural son aplicadas en dos fases distintas: la estabilización macroeconómica “a corto plazo”, que comprende la devaluación de la moneda, la liberalización de los precios y la austeridad fiscal, y una segunda fase, seguida por la aplicación de “reformas estructurales” designadas como “necesarias”.

La aplicación de estas políticas de estabilización y ajuste estructural, por parte de los gobiernos, parten del diagnóstico de que la inflación “galopante” o la hiperinflación es el resultado del exceso de gasto de los gobiernos, que a su vez son financiados por los bancos centrales, resultando en un financiamiento inflacionario.

Obviamente, que ya la gran mayoría de los bancos centrales operan con cierta independencia y autonomía, y tienen prohibido el financiamiento total a los gobiernos, incluyendo el Banco Central de Argentina (solo permite el 12 % de la base monetaria).

En definitiva, las políticas de estabilización y ajuste estructural buscan ajustar la demanda interna de una economía a la oferta.

El horizonte temporal de estas políticas supera en el corto plazo (1 años); es decir la corrección de dicho desajuste es un resultado que ha de producirse con bastante rapidez, pero a un costo social grandísimo.