2.- La Era de los desaparecidos forzosos. La Era de las desapariciones forzadas de personas adoptó varios nombres en el conteniente latinoamericano, abarcando el periodo 1960-1990. Se le llamó “Guerra sucia”, en Argentina, durante los terribles años 70; en Guatemala, a través de la “Operación Cóndor”, implementado como una técnica represiva que permitió a “los servicios de seguridad”, secuestrar y desaparecer “terroristas” de todas las nacionalidades; en Chile, con la creación de la Policía Secreta, denominada Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el régimen de Pinochet prohibió los derechos y libertades civiles y arremetió con violencia, tortura contra los opositores, produciendo numerosos asesinatos y desapariciones forzosas; unas 40,000 personas, entre asesinadas y desaparecidas.

Lo mismo ocurrió en El Salvador durante el período del conflicto armado llevado a cabo por el Estado (1980-1991), la violación generalizada de los derechos humanos arrojó un cifra de 75,000 muertos y 8,000 desaparecidos. Un caso muy particular en ese país fueron los niños de la guerra, durante la operación “tierra arrasada”, conocida entre la población civil como “guinda de mayo”.

Siendo sobrevivientes de las batallas, estos niños fueron llevados a cuarteles, cuyo final constituye un caso atípico de desapariciones forzadas: adopciones asignadas a familias extranjeras, “apropiaciones” a familias como hijos de crianza, “apropiación” por parte de militares, vida de orfanatos sin acompañamiento, niños y niñas que crecieron en instalaciones militares, algunos siendo víctimas del tráfico ilegal y niños encontrados fallecidos. Según el informe de Derechos Humanos, unos 1,200, en total.

En Perú, Brasil, Uruguay, Colombia, Honduras y México la desaparición forzosa fue excepcional, brutalmente extendida, y también sucedieron dentro y fuera del período citado.
En la República Dominicana, igualmente se puede hablar de exterminio y de “plan de desaparición sistemática y selectiva” para los opositores al régimen de Trujillo.

El modelo que se adoptó fue el de presos políticos (Balaguer los denominaba ´políticos presos´); es decir, eran unos detenidos-desaparecidos, como resultado de la acción estatal o paraestatal ejercida sobre los que adversaban al régimen dictatorial y al “desgobierno” que continuó en el tiempo de los oprobiosos 12 Años (1966-1978).

La mayoría de ellos no sobrevivió el horror de los centros clandestinos de detención y tortura; mientras duró su castigo, fueron sustraídos del imperio de la ley, no fueron juzgados ni sentenciados: quedaron paralizados en el tiempo, bajo la consigna de “ni vivos ni muertos, sólo desaparecidos” (frase de Jorge Videla). Lo malo es que nosotros no podemos contabilizar el número de desaparecidos forzosos, no por falta de documentos, sino de voluntad política.

Las desapariciones forzosas de hace 30 años eran consideradas una violencia de Estado, un mecanismo de represión utilizada por las dictaduras para silenciar a los líderes políticos y abanderados del cambio social. Hoy su impacto en el derecho internacional, a raíz de las Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2006), este problema es identificado como un crimen que impacta en la conciencia de la comunidad internacional, reconocido por las implicaciones legales y fácticas de la desaparición forzada respecto de los derechos de las personas. Por primera vez se empieza a tratar de manera independiente de otras violaciones de derechos humanos.