1.- Develando la magnitud del problema. El fenómeno de las desapariciones forzadas de personas siempre tuvo, según Gabriel Gatti, usos locales y circulaciones globales.

Desde antes de la década de los 70, este problema que se recrudeció en Argentina, Chile, Uruguay, México y Colombia, constituyó en Centroamérica continental un método de parte de los militares; en República Dominicana la dictadura de Trujillo hizo desaparecer a más de un millar de hombres de bien; igualmente, el período de los 12 años del sátrapa Joaquín Balaguer reafirmó el sufrimiento a las familias, haciendo matar o desaparecer a sus hijos, padres y hermanos, según conviniera.

Entre 1976 y 1983 miles de personas de todas las edades y ocupaciones fueron víctimas de desaparición forzada. En Argentina; la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas constató más de 9.000 casos, mientras tanto, otros organismos de derechos humanos calcularon aproximadamente 30,000. Asimismo, existen cientos de miles de documentos, informes oficiales y de conversaciones de familiares de desaparecidos, de testigos remotos.

En un plano más histórico, los desaparecidos involuntarios matizaron los procesos políticos durante la Segunda Gran Guerra; lo practicó la dictadura de Francisco Franco, durante la guerra civil española; en la prisión de la Lubianka, en el Gulag ruso en los años treinta, y en la Alemania nazi de los cuarenta. Hubo también desaparición forzada de personas en la Argelia colonial, en la Camboya de “los jemeres rojos”; en Bosnia, en la guerra de los noventa.

En el presente, Cuba, Nicaragua y Venezuela están impactando negativamente la democracia al poner en práctica la desaparición forzada y sistematizarla en la modalidad de presos políticos.

El primer día del nuevo 2022, el opositor venezolano Humberto Prado, Comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, denunció que hay “más de 300 presos políticos” en ese país. Por todos los rincones del mundo existieron (y existen) los desaparecidos forzosos. Algunos países buscan cerrar ese capítulo de terror elaborando leyes de protección para sus ciudadanos y prevenir violaciones de derechos humanos muy graves para los tiempos actuales.

También han logrado que sus fuerzas policiales se adiestren en la investigación de casos similares, han capacitado a sus jueces en la materia de derechos humanos; es decir, en los procesos judiciales cuyas víctimas son personas desaparecidas, aunque sea contraproducente, pues, los desaparecidos forzosos raras veces son productos de la delincuencia común, más bien resultan del crimen organizado y del Estado.

Nosotros como país, no podemos afirmar o negar nada, si ha aumentado o mejorado la situación de las desapariciones forzosas de personas. Somos signatarios de la Convención relativa a la Tortura y Ejecuciones Extrajudiciales, pero no de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2006).

Al no contar con datos, estadísticas, ni aún con organismos para debatir sobre este mal, está justificado iniciar este debate cuyos protagonistas son, en diferentes clasificaciones y categorías, los desplazados, los fugados, refugiados, secuestrados, los detenidos de manera arbitraria, el traslado forzoso de población (inmigración haitiana), los nombrados como desaparecidos, y los que se perdieron, pero también están los desaparecidos sociales, que hoy son mayoría, y de memoria incógnita.