He escrito en varias ocasiones sobre mi preocupación por el auge en la República Dominicana de la demagogia penal, término que prefiero al de “populismo”, que implica fenómenos más complejos.

No he sido el único. La respuesta desde esa demagogia a las críticas ha sido pretender que son interesadas y no tienen precedentes. Sin embargo, en mi caso y en el de muchos colegas, la crítica a los excesos del sistema de justicia penal ha sido una constante.

Todavía siendo universitario formé parte modesta de un equipo formidable de miembros de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y valiosísimos colaboradores de múltiples sectores de la sociedad, incluyendo otras organizaciones de la sociedad civil y periodistas, en el esfuerzo por poner al día las normas que rigen el debido proceso en el país.

El resultado fue una reforma procesal penal que luego se constitucionalizó en la reforma constitucional de 2010. Hoy día, la mayoría de esas personas mantiene su posición.

Ya en aquella época señalábamos que la lógica arbitraria en los sistemas de justicia penal es una especie de serpiente que se muerde la cola. Por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva, su abuso es fácil cuando se trata de personas de escasos recursos, lo que sirve luego para justificar su uso arbitrario en casos sonoros. Una vez obtenida allí también, se presenta como muestra de que “la justicia funciona” y así legitimar el aumento de la prisión preventiva entre los pobres. El ciclo empieza otra vez.

Hoy apena ver a algunos entonces defensores de las libertades y la Constitución abogando por la reducción de las garantías procesales y la violación de principios constitucionales básicos, como la presunción de inocencia. Olvidan algo que siempre dice Eduardo Jorge: “Los derechos se conjugan siempre en primera persona”.

Y tiene razón, porque el apetito de la demagogia penal no conoce límites, y lo que hoy celebramos o ignoramos cuando ocurre a otros, mañana puede tocar nuestras puertas o la de nuestros seres queridos.

La única solución es atenerse al mandato de la ley y la Constitución, algo que los demagogos prometen, pero cumplen sólo cuando les conviene. Recordemos que la Constitución no es un obstáculo, como pretenden algunos, sino un necesario escudo jurídico para nuestros derechos y libertades.