Quien me conoce sabe que soy muy crítico con la vocación totalizante con la que se quiere aplicar la noción de independencia en los órganos públicos.

Se trata de una posición ideológica según la cual casi todas las instituciones relevantes (bancos centrales, superintendencias, jueces, ministerios públicos, etc.) deben ser “independientes”, convirtiéndolas a todas en autárquicas, y conformadas muchas veces por funcionarios también autárquicos. La gran pregunta es siempre: ¿Independientes de quién?

Concuerdo con la idea de que estos órganos (y posiciones) deben estar libres de influencias indebidas. La independencia en la toma de sus decisiones es uno de los mecanismos para hacerlo posible.

Sobre todo, porque está relacionada con la capacidad de mantener neutralidad y objetividad en el ejercicio de las funciones.

Pero la independencia total responde en muchas ocasiones a la ley de las consecuencias imprevistas. Son muchos los casos de funcionarios que se aprovechan de esta cualidad para pervertir el poder que les ha sido encomendado. Sobre todo cuando se sienten protegidos por una idea purista de las garantías de la independencia, que no soporta el contacto con los hechos. En un Estado democrático de derecho ningún funcionario, absolutamente ninguno, es libre de actuar arbitrariamente porque ninguno está por encima de la ley.

De ahí que sostenga que la independencia y la neutralidad no deben obstaculizar la intervención por las vías institucionalmente previstas para detener la arbitrariedad.

No debemos ignorar que dejar que ésta siga su curso hace siempre más daño que enfrentarla por las vías establecidas por el legislador.

En caso contrario, continuará haciendo daño hasta terminar corroyendo la misma institucionalidad que la independencia está llamada a proteger.

Llegado un punto, no es admisible que la prudencia conduzca a tolerar el abuso. Dejar de hacer, tanto como hacer, es una decisión con consecuencias.

A veces, este abuso de las funciones públicas es tan grave que lo prudente no es observar pacientemente, sino hacer cumplir las normas internas que rigen a las instituciones.

Esto es ley de vida, inevitable. No en vano Desmond Tutu decía que quien permanece neutral ante situaciones de injusticia ha escogido el lado del opresor. Los Estados de derecho democráticos nos llaman a lo contrario, siempre dentro del marco de la ley.