Por Elías Ruiz Matuk
Estamos infinitamente de acuerdo en que en el país se lleve a cabo una batalla anticorrupción, dado que, muchas de las falencias en nuestros derechos establecidos en la Constitución de la República, salud, educación, seguridad ciudadana, transporte y alimentación, se deben necesariamente a los dineros que se drenan en esas prácticas dolosas.
No hay dudas de que los actuales expedientes que se ventilan en los tribunales de la República, como los denominados Pulpo, Medusa, Coral y otros, tienen las características de ser instrumentados por fiscales profesionales, dado que, existen todo tipo de argumentos en contra de las acusaciones, sin embargo, no he visto aún que se haya dicho que lo establecido en los expedientes tengan algún tipo de falsedad.
Esto quiere decir que no se está improvisando y solo el hecho de tener en la cabeza de esa investigación a Miriam Germán Brito, es suficiente, por la reciedumbre moral y la personalidad que le ha caracterizado en su vida siempre ligada a la impartición de justicia, para poder creer que se trata de una investigación seria y que la misma debe ventilarse en los tribunales tanto en la fase preliminar como en el juicio de fondo, para que haya una decisión definitiva sobre las acusaciones de referencia.
Este Ministerio Público goza del apoyo de la población, desde el mismo instante en que fueron juramentadas Germán Brito y Yeni Berenice Reynoso, como procuradoras y procuradora adjunta, respectivamente, en un acto en el Palacio Nacional, el 16 de agosto del año 2020 y en el que el presidente Luis Abinader les aseguró que trabajarían de manera independiente al Poder Ejecutivo, por lo que no interferiría en sus decisiones.
He visto en los últimos cinco a siete años, que se han llevado a cabo investigaciones en contra de funcionarios y ex funcionarios públicos, que han sido acusados de coimas, en el caso de Odebrecht, o en corrupción y dolo, en el caso de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) en donde ha salido también la acusación de asesinato.
A pesar de que los expedientes fueron conocidos, requete manoseados y tratados en todos los medios de comunicación y redes sociales habidas y por haber, no ha habido una decisión.
Y a eso, precisamente, es que queremos referirnos hoy.
Kathia Miguelina Jiménez, ex juez del Tribunal Constitucional, escribió un libro hace aproximadamente diez años que hacía referencia a lo que ella misma denominó, “Tribunales Paralelos”, en clara referencia a los medios de comunicación y su incidencia en las decisiones judiciales.
Los representantes de los medios de comunicación informan sobre los hechos en todos los estamentos de la vida nacional y tienen presencia en los poderes del Estado, como el Poder Ejecutivo, Legislativo y en el Judicial. Pero están allí para informar de los hechos que se suceden allí. No para tomar decisiones.
Ahora, a los medios de comunicación se han adherido las redes sociales, que están presentes en los mismos estamentos, con la salvedad de que la vertiginosidad con que viajan las informaciones, convierten a estos medios en una presión social con mucho mayor vehemencia.
He visto como han abierto campañas para que el presidente de la República remueva un determinado funcionario; presiones para que se aprueben determinadas leyes tal y como las esgrime un determinado sector y ahora, utilizando los mismos medios de presión social, ventilamos los expedientes de investigación contra la corrupción administrativa, en los medios de comunicación y las redes sociales.
Si algo le haría daño a la persecución contra la corrupción es que se les de libertad a la población para que se convierta en esos tribunales paralelos de los que habla la magistrada Jiménez, y se pretenda juzgar y condenar a los encartados en los expedientes sobre corrupción.
