La palabra cartel se utiliza en dos direcciones: una para referirse a organizaciones criminales y la otra para referirse a empresas que se ponen de acuerdo para tener control de la producción y de los precios.

Por eso conocemos el Cartel de Cali o el Cartel de Medellín como dos organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y a la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) como una entidad lícita comercial.

Hay grupos empresariales que suelen comportarse como carteles para la fijación de precios de sus productos.

Apañado por una absurda ley y con el aparente respaldo de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, República Dominicana está viendo surgir un nuevo cartel, que se muestra tan voraz como el que más y cuyos dominios abarcan toda la actividad legal de los dominicanos.

Se trata de la ley que crea el Colegio Dominicano de Notarios que incluye una serie de tarifas abusivas e irracionales que vienen a encarecer aún más una justicia ya de por sí costosa y que por lo tanto la aleja más de las grandes mayorías.

Los senadores, que fue de donde salió el proyecto que luego se convirtió en Ley, han tenido el tino de corregir el entuerto legislativo, pero los diputados oficialistas le han hecho saber a la población que poco les importa lo que piensen los ciudadanos, los abogados no notarios, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Bancos, la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Organización Nacional de Empresas Comerciales, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y una larga lista.

Solo basta tirarle una mirada al tarifario que contiene la ley de marras para saber que solo la sinrazón permitiría su implementación de la misma.