Toda la región ha incrementado sus acciones tendentes a evitar el ingreso a su territorio de inmigrantes haitianos.
Estados Unidos ha sido constante en sus esfuerzos para evitarla.
Se recuerda que a raíz del terremoto de 2010 impuso una especie de “escudo naval” que buscaba contener los intentos de grupos de haitianos por ingresar en balsas a la Florida.
Frente a esa tragedia, la presión hacia Estados Unidos se redujo cuando en nombre de la solidaridad la República Dominicana decidió tolerar el ingreso de haitianos de manera ilegal.
Hemos visto como en el concierto del Caricom al único miembro que se le exige visa para ingresar a esas islas es a Haití. Además, los gobiernos de esos territorios no tienen contemplaciones para sacar de su territorio a los inmigrantes ilegales, lo cual hacen acogiéndose a sus disposiciones legales.
Si bien es cierto que Estados Unidos dedicaba grandes esfuerzos a evitar el ingreso de haitianos ilegales a su territorio, había decretado una especie de “moratoria” para las deportaciones de algunos grupos de haitianos que ya estaban en su territorio.
Ahora el Departamento de Estado anuncia que “como la situación en Haití ha mejorado”, reanudarán las deportaciones de haitianos ilegales.
Ese panorama representa un fuerte desafío para la República Dominicana. Todos esos países preferirán que los inmigrantes haitianos vayan a un territorio distinto al suyo.
Ese territorio no es otro más que el dominicano y, por tanto, volverán las presiones para que ésta sea la válvula de escape.
Los efectos ya se están sintiendo, pero no se nota una política gubernamental frente a ese fenómeno.
