Cuando hay menores no acompañados, entra en juego el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), insistien las autoridades dominicanas .FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY
“Los devolverán a Haití pero seguro no tardan en regresar. Se subirán a escondidas a una patana (camión) o caminarán durante dos días enteros, sin comer, y volverán”.
José, un muchacho haitiano de 15 años, no duda de lo que el futuro les depara a tres compañeros que unos agentes de Migración se acaban de llevar de un semáforo contiguo en el que limpiaban vidrios de carros.
Y es que esa es también la historia de su vida, y la de los otros cinco jóvenes con los que pasa la tarde en Boca Chica, un municipio costero de República Dominicana, el país con el que Haití comparte isla -La Española- y una relación tensa.
Mientras mordisquea una galleta en el patio de Caminante, una organización de apoyo a la infancia, José cuenta en criollo (creol) que la primera vez que cruzó la frontera tenía 8 años.
Lo hizo solo, por uno de los principales pasos terrestres, el de Malpaso a Jimaní, aprovechando que era día de mercado y había mucha gente, y no paró hasta recorrer los casi 300 kilómetros que separan esa zona limítrofe del litoral oriental dominicano.
“Siete veces me devolvieron a Haití desde entonces, siempre por puntos distintos por los que salí”. Y las siete regresó.
Así lo hicieron también Isael, David Alexander, Ale y Maiki -los menores que están sentados a su lado y que, como él, migraron sin padres u otros familiares a los 5, 6, 7 y 10 años-, cada vez que los expulsaron del país.
“Es que puede que aquí coman de lo que la gente les quiera dar y duerman en la calle, en un tejado o alquilen un cuarto con lo que ganan en el semáforo, pero allí el problema cada vez se está agudizando más, no hay control, no hay nada”, dice Denise Pichardo, directora de esta organización que arrancó como proyecto ambulatorio en 1995 y quien nos hace por momentos de intérprete.
El país más pobre del hemisferio no tiene presidente desde el asesinato en julio de 2021 de Jovenel Moïse. Su territorio está controlado por bandas armadas que cercan la capital, Puerto Príncipe, bloquean las principales carreteras y controlan el acceso al agua, los alimentos, la atención sanitaria y otros servicios.
Para estos menores, Haití simplemente no es una opción.
Lo que dice la ley (y las autoridades)
A pesar de los testimonios de Boca Chica, de acuerdo a la Ley General de Migración de República Dominicana (la 285-04), los extranjeros que tengan menos de 18 años no pueden ser detenidos con fines de deportación.
“La detención nunca será utilizada en los casos de menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, envejecientes y solicitantes de asilo”, reza concretamente el artículo 143 de su reglamento.
Sin embargo, en un momento de deportaciones récord, “las autoridades han estado escalando las de esas categorías de personas que técnicamente no son deportables”, le dice a BBC Mundo Bridget Wooding, directora del Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (Obmica).
“Y lo hacen a sabiendas de que están violando su propia legislación, acuerdos binacionales, por no decir convenios internacionales, con más énfasis desde septiembre de 2021”, subraya.
El gobierno dominicano lo niega.
Así lo hizo en noviembre, cuando la cadena estadounidense CNN reportó que desde inicio del año al menos 1.800 niños migrantes haitianos no acompañados habían sido expulsados a su país de origen.
Atribuyendo la información al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el medio añadía que fueron “enviados” entre adultos deportados y que muchos no portaban documentos de identidad.
El gobierno dominicano ha recibido fuertes críticas de observadores internacionales y activistas dentro y fuera del país, que acusan a Santo Domingo de deportaciones masivas, trato racista a los migrantes y el encierro de haitianos en proceso de expulsión en instalaciones con malas condiciones.
La Dirección General de Migración dominicana salió al paso con un comunicado, asegurando que “de los más de 150.000 extranjeros que han sido reconducidos a su país desde el año 2020, no existen casos de menores que hayan sido separados de sus padres”.
“En todo momento los menores están junto a sus padres y, cuando estos no se han localizado, los menores son referidos directamente al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), que se encarga de su cuidado”, añadió el director general de la entidad, Venancio Alcántara.
BBC Mundo solicitó una entrevista con él para ahondar en el tema en repetidas ocasiones y por diversas vías, pero hasta el momento de la publicación de este artículo la respuesta es que la petición sigue pendiente, debido a que “la agenda del director está un poco cargada por la naturaleza de sus funciones”.
“Retornos”, no deportaciones
Sin embargo, entender la dimensión total del asunto no es fácil.
De acuerdo a los datos de la propia Dirección General de Migración, entre enero y julio de este año República Dominicana deportó 5.071 niños, niñas y adolescentes.
Lo hizo siguiendo el proceso administrativo de deportación, puntualizan los expertos en migraciones consultados por BBC Mundo.
Esto es, fueron detenidos, los llevaron a unos sitios determinados, les tomaron huellas, se verificó su identidad, los incluyeron en una lista, los llevaron a un punto de la frontera de 390 km que comparten ambos países, donde se hizo una segunda verificación, y luego fueron entregados a las autoridades haitianas.
Pero también los hubo que fueron devueltos por procedimientos distintos a la deportación.
Entre enero y junio el Conani «abordó» 1.246 casos de menores migrantes no acompañados, de los cuales 455 fueron entregados a sus familiares en República Dominicana y 767 fueron entregados al Ibesr (las siglas en francés del Instituto de Bienestar, Social y de la Familia, su contraparte en Haití), para que se buscara a sus parientes en el país vecino.
“En el caso de los niños, niñas y adolescentes nosotros no utilizamos la figura de la deportación. En todo caso será un retorno para su reunificación familiar”, le explica a BBC Mundo Pazzis Paulino, el encargado del Departamento de Gestión Territorial de organismo.
El proceso puede durar apenas unas horas -cuando hay reunificación en territorio dominicano- o varios días, si hay que buscar familiares en Haití. Si no es posible la entrega inmediata, son trasladados a “hogares de paso” o programas residenciales.
Además, activistas, organismos en terreno y expertos en la materia apuntan a la existencia de prácticas más informales en los procesos de expulsión, que con frecuencia incluyen la corrupción.
“Según lo que nos cuentan los muchachos, hasta 5.000 pesos (unos US$88, un dineral para ellos) están pidiendo para que no los lleven hasta la frontera, para que los dejen libres antes”, explica Pichardo, la directora de Caminante, sin especificar quiénes son los que los detienen.
“A mí me han pedido dinero para soltarme”, asiente José, recostado en su silla de plástico en el patio de la organización en Boca Chica.
“Te quitan todo, dinero, el celular si tienes», dice David Alexandre, un joven de 17 años que emigró solo de Haití cuando apenas tenía 6.
Cruzó también por Malpaso-Jimaní, como José, y luego emprendió la ruta por la sierra de Bahoruco. “Caminamos por el monte, para evitar los chequeos. Dos días duramos”, recuerda.
“La gente nos daba comida, con eso sobrevivimos”. Después le pidió a un conductor que lo llevara a Barahona, una ciudad turística de la zona sur de la isla.
De allí tomó rumbo a Boca Chica, situado en el mismo litoral, en la bahía de San Andrés. Tradicionalmente zona de pescadores y de trabajadores de plantaciones de caña de azúcar, hoy es una de las playas más explotadas del país para el turismo, ubicada a apenas 30 kilómetros de la capital Santo Domingo.
“Desde que llegué vivo en la calle, aunque tengo gente aquí (familiares), un tío. A veces lo saludo”, dice, levantando los hombros.
“Proteger la integridad” del país
El esfuerzo de República Dominicana por expulsar a las personas de origen haitiano -no solo menores- se remonta a años atrás.
En 2013, el Tribunal Constitucional dictaminó de forma controvertida que los dominicanos nacidos en el país de padres indocumentados debían ser despojados de su ciudadanía.
El decreto, conocido coloquialmente como «La sentencia», creó según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “una situación de apátridas de una magnitud nunca vista en las Américas», que 10 años después sigue sin resolverse.
“Dominicana ha usado las deportaciones con fines políticos en distintos periodos, pero no con las cifras que se manejan hoy, y aunque siempre ha habido menores en los procesos, ahora se están expulsando de manera más flagrante”, explica Wooding, de Obmica.
“Se han llevado hasta a chicos que nacieron aquí, que no conocen nada de Haití”, se suma a la denuncia Pichardo.
El propio presidente, Luis Abinader, reconoce el aumento de las deportaciones y se jacta de ellas:
“Nunca antes ningún gobierno había hecho tanto por proteger la integridad de la República Dominicana a lo largo de su frontera, ni había manifestado tanta firmeza en nuestra política migratoria, en consonancia con los derechos humanos, pero sin titubeos a la hora de su aplicación”, proclamó en su mensaje de rendición de cuentas anual ante el Parlamento el 27 de febrero.
Y lo respaldó con números: en 2022 deportaron a 171.000 personas, un 102% más que el año anterior (85.000).
En 2019, antes de que llegara a la presidencia, fueron 67.400 los expulsados, y una década antes, en 2011, 8.636. Las organizaciones internacionales y los expertos en la materia prevén que este año se duplicará la cifra de 2022, alcanzando los 250.000 deportados.
El mandatario también presentó como «objetivo estratégico» la valla que ya se está construyendo en la frontera. “Quiero dejar claro que nuestra política migratoria la marca solo el gobierno dominicano y la ejecutaremos siempre en defensa de nuestra soberanía”, zanjó.
Violencia en Haití
Es una postura que ha mantenido a pesar de las críticas de la comunidad internacional y los repetidos llamados de Naciones Unidas a cesar las deportaciones a Haití, porque la “incesante violencia armada y las sistemáticas violaciones de los derechos humanos no permiten el retorno seguro, digno y sostenible”.
Solo entre el 1 de enero y el 15 de agosto de este año esa violencia dejó al menos 2.439 muertos y 902 heridos, según datos de la ONU. Y del 24 de abril a mediados de agosto más de 350 personas fueron linchadas.
Este mes el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a que se tomen medidas urgentes para el envío de una fuerza multinacional que no pertenezca a la ONU y que ayude a las autoridades haitianas con la seguridad.
Y en un intento de ser parte de la solución, el gobierno de Kenia se ofreció a liderar una misión de 1.000 efectivos para apoyar y entrenar a las fuerzas de seguridad locales, una iniciativa que cuenta con el apoyo de EE.UU., aunque no está claro de qué modo canalizará su ayuda.
Pero además de subrayar lo terrible que es devolver a alguien a un contexto así, los expertos en la materia, las organizaciones que trabajan en terreno y los activistas insisten además en lo poco eficaz de las deportaciones como mecanismo de regulación migratoria.
“El último dato oficial de población haitiana en República Dominicana es de 2017, siendo 497.000 haitianos más 230.000 familiares descendientes. Si uno sumara los reportes de deportaciones de los cinco últimos años, ya no habría haitianos en República Dominicana”, le dice a BBC Mundo Josué Gastelbondo Amaya, jefe de misión de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en República Dominicana.
“Lo que demuestra que es importante, además de las deportaciones, retomar en el marco de la ley una política sobre la migración laboral ordenada que brinde los permisos de trabajo que el país está requiriendo para la producción de alimentos y la construcción”, añade.
Y es que, queda en evidencia que no es una medida de disuasión y que muchos de los deportados y expulsados terminan regresando.
Es algo que también atestigua el Conani.
“Es muy frecuente que tengamos casos de niños que hemos abordado en una semana y entregado a las autoridades en Haití, y que con relativa frecuencia volvamos a encontrarlos en República Dominicana”, reconoce Paulino.
José, David Alexander, Isael, Ale y Maiki, los chicos que pasan la tarde Boca Chica, son el ejemplo vivo de ello.
Explotación sexual y otros abusos
Allí siguen, en círculo, con sus camisetas verde chillón o azul cielo obsequio de la ONG y bebiendo el refresco que les ha servido Pichardo.
Ella continúa con su catálogo de preguntas esperables, hasta que llega una que cae como una bomba en el grupo.
— ¿Y dónde duermen?
— …
— ¿Quién de ustedes ha dormido en casa de Ibón?
Primero se hace el silencio, luego los jóvenes empiezan a mirar de reojo, se toman el pelo, señalan a uno y a otro.
Al final, uno de ellos confiesa: “Yo sí”. Otros no tardan en seguir el ejemplo.
— ¿Y duermen con él? ¿Les toma fotos? ¿Les paga?
— Nos paga 1.000 pesos para que no digamos nada.
Ibón es un extranjero al que han denunciado en numerosas ocasiones por abuso infantil, “pero siempre sale libre”, se lamenta Pichardo.
No es un caso único en el municipio, mucho menos en el país. La explotación sexual de menores está presente en cada rincón de República Dominicana, en hoteles y bares, en playas paradisíacas y en resorts con “todo incluido”, a manos de nacionales y extranjeros, denuncian organizaciones del ramo.
“Cuando creamos Caminante, los primeros años no teníamos local ni nada. Hacíamos el trabajo en la calle, porque había una situación muy grave, de mucha vulnerabilidad, por la explotación sexual comercial de niños para turistas que venían, sobre todo de Europa, de Alemania, Italia, Suiza, aunque también Canadá, todos muy mayores”, recuerda Pichardo.
“Hoy la cuestión (explotación sexual) continúa, de muchachas y muchachos. Sigue habiendo extranjeros. Seguimos demandando. Los sueltan. Andan por ahí”, se lamenta.
“El gobierno no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está llevando a cabo esfuerzos significativos”, se lee en el último informe anual sobre el tema elaborado por la embajada de EE.UU. en el país, que analiza las herramientas disponibles para combatir dicha lacra.
La Ley de Contrabando y Trata de Personas, promulgada en 2003, está en revisión desde 2019, porque “de manera inconsistente con el derecho internacional, la ley requería una demostración de fuerza, fraude o coerción para constituir un delito de tráfico sexual de niños y, por lo tanto, no criminalizaba todas las formas” del crimen, analizan los autores del estudio.
Sin embargo, lo que debería sustituirla, el proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, fue retirado del proceso de aprobación en el Congreso en febrero.
Sus detractores argumentaron que abría la puerta a la entrada indiscriminada de inmigrantes irregulares, al reconocer el derecho de los extranjeros sobrevivientes de trata a no ser deportados y “gestionar la permanencia regular en el país”, así como a la reunificación familiar.
Nunca falta oportunidad en este país caribeño para que la cuestión migratoria salga a relucir.
