Hay actos de ilegalidad que se producen de manera aislada, actos humanos que protagonizan gente de cierta autoridad, muchas veces vinculadas al Estado, pero que llama la atención por la recurrencia con que suceden. Además de que se diluyen en el tiempo sin que haya consecuencias más allá de la denuncia pública.
Tres de estos actos ilegales sirven de ejemplo: la venta de medicamentos falsos, los aumentos del salario y pensiones de alcaldes y regidores de distintos ayuntamientos del país; y, finalmente, el regreso de las muertes de ciudadanos, supuestamente asaltantes, a manos de patrullas de la Policía Nacional.
La cadena de ilegalidad se extendería, con otros eslabones muy sensibles, pero estos tres son una muestra muy objetiva de cómo la sociedad dominicana va degradándose de manera preocupante, sin que haya un firme régimen de castigo o condena a los involucrados.
Ninguna acción ilegal puede legitimarse con otro acto ilegal. No se puede quitar la vida de manera alegre a un ser humano.
No hay derecho para que funcionarios edilicios jueguen con el dinero que pagan los contribuyentes, aumentándose de manera graciosa los sueldos y pensiones.
No se puede permitir que gente inescrupulosa dañe la salud del pueblo dominicano con la venta de medicamentos falsos. Ante este galopante estado de descomposición, ¿quién nos protege?
¿A quién debemos apelar? Asumimos de manera responsable nuestro compromiso de alertar, de remover sensibilidades, de advertir los peligros que nos acechan.
