Olvidando que la función principal del Ministerio de Interior y Policía es garantizar la paz y la seguridad interna del país, el incumbente de esa cartera, Carlos Amarante Baret, hizo ayer una denuncia que a nuestro juicio es tan alegre como irresponsable. Un tremendismo.

En efecto, el ministro de Interior y Policía “reveló” que “sectores que usan como pretexto la lucha contra la corrupción y la impunidad iniciaron un plan para desestabilizar al Gobierno”. Y lo dijo como si nada, como quien se come un pan, se embarra la boca de mantequilla y no lo siente.

Y aunque no aportó la más mínima prueba de la supuesta trama, prácticamente amenazó a los promotores de la Marcha Verde, a quienes advirtió que estaba al tanto de sus “movimientos desestabilizadores”.

Es evidente, la denuncia de Amarante Baret forma parte de la estrategia de un sector del Gobierno que pretende desacreditar las protestas contra la corrupción y la impunidad de miles de ciudadanos que pacíficamente demandan en las calles castigo para quienes recibieron sobornos de Odebrecht y los del caso de los Super Tucano, entre otros.

Es un ataque contra quienes critican la complicidad de funcionarios en la sobrevaluación de obras para el financiamiento de campañas con dinero sucio.

La verdad es que si Interior y Policía tuviera informes reales de que desde el movimiento Marcha Verde se estuviera conspirando para derrocar al Gobierno las cárceles estuvieran llenas de opositores, y hasta ahora no hay ni uno. ¿Por qué? Sencillamente, porque es mentira.

Maña fuera que el ministro de Interior tuviera informes de una trama tan grave como la que denuncia y en lugar de ir tras los complotados, apresarlos y someterlos a la Justicia, se limite a enviar una nota de prensa “revelando” que hay una conspiración. ¿Será que nos estamos volviendo locos?

Este discurso trasnochado del ministro recuerda los tiempos de la sangrienta dictadura de Trujillo y los aciagos 12 años de Balaguer, cuando los reclamos de libertad de los sectores democráticos tenían como respuesta el silencio, la calumnia, la represión, la cárcel, el exilio o la muerte.

Para desgracia de esta y otras figuras mustias del oficialismo, los tiempos han cambiado, ya la gente no se deja engañar tan fácilmente ni intimidar por denuncias tremebundas e irresponsables.

¿Acaso puede tildarse de conspiración demandar el combate a la corrupción, pedir el fin de la impunidad? Porque si es así, entonces aquí todos somos conspiradores, desde el arzobispo hasta el mismo Presidente que dice estar en contra de la corrupción.

Al igual que el movimiento a favor del 4 % para la Educación y la lucha contra la instalación de una cementera en Los Haitises, la Marcha Verde se caracteriza por ser pacífico, un verdadero movimiento cívico, un ejercicio de ciudadanía ejemplar en el que participan desde profesionales progresistas, curas, empresarios, estudiantes, campesinos, amas de casa, políticos hasta miembros del propio PLD asqueados de tanta corrupción y tanta impunidad.

Ojalá que la denuncia del ministro de Interior no sea el preludio de un plan represivo contra los buenos dominicanos que reclaman el fin de la impunidad, porque si así fuera tendrían que quitarse la careta de demócratas y mostrar el bigotico alemán.