Conceptualmente no considero la reelección presidencial ni buena ni mala. Pero tampoco puede tratarse de una afirmación tan simple, sino que hay que enmarcarla dentro de una sociedad y de un contexto determinado, porque su impacto dependerá del nivel de institucionalidad que se haya alcanzado.

En el caso dominicano, varias pueden ser las dimensiones del abordaje de la reelección, pero una en particular sería la ética, debido a que los resultados de una gestión y el poder se entrecruzan como imperativos condicionados de una democracia en construcción.

En esta dimensión se debe predicar con el ejemplo; y ya lo dijo el pedagogo brasileño Paulo Reglus Neves Freire: “Leer la palabra y el mundo respecto a nuestra vida cotidiana”.

De todas las agendas que conforman la cotidianidad dominicana, la institucional representa hoy en día la más trascendente, en vista de que influye decisivamente en las demás, incluyendo la política y la de gobernanza democrática.

El comprobado déficit institucional explica, de alguna manera, los sobresaltos que durante cada período constitucional ocupan la opinión pública nacional el tema de la reelección presidencial.

Las sociedades tienen un mecanismo que les garantiza la continuidad de su forma de vida. Ese mecanismo se llama institucionalidad, que es el conjunto de normas y leyes que dictan la manera en que se hacen las cosas en una sociedad y a las que todos sus integrantes deben someterse.

Para que esa institucionalidad sea duradera debe contar con el consentimiento de al menos la mayoría de los ciudadanos, pero debe ser diseñada de tal manera que garantice los derechos y las oportunidades de los sectores minoritarios.

Lo que se procura, en esencia, es asegurar que la estructura de gobernanza no se venga abajo cuando el descontento de un sector llegue al punto de estallar como una olla de presión sin válvula de escape.

Todo esto nos coloca en un punto de reflexión y nos lleva a preguntar, ¿los aprestos de continuidad de gobiernos que históricamente se han hecho en la República Dominicana han tenido ese blindaje institucional? La respuesta es negativa.

Una vez se produjo el ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo Molina, el 30 de mayo de 1961, a excepción de Juan Bosch; todos los gobernantes han permitido que acólitos les promuevan la reelección.

Ni siquiera se ha tratado de movimientos articulados de sus respectivas organizaciones políticas, sino que ha provenido de los llamados “clubes de amigos”, integrados por seguidores que están dentro epicentro del poder y que toman decisiones que inciden en la vida nacional.

Los “clubes de amigos” los tuvieron las administraciones de los extintos presidentes Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán Fernández, Jacobo Majluta Azar y Salvador Jorge Blanco, así como Leonel Fernández Reyna e Hipólito Mejía Domínguez. Nadie pone en duda que están presentes en la actual administración gubernamental de Danilo Medina Sánchez.

Esas estructuras, privilegiadas coyunturalmente dentro de la élite política, siempre van a preferir el continuismo por los beneficios que genera el poder mal entendido, pero evidenciando escaso desarrollo y conciencia política.

Quienes se enquistan en esos “clubes de amigos”, escenarios donde la adulación es parte consustancial, hay que aconsejarles que, al menos observen la institucionalidad democrática y los principios éticos.

Y recomendarles la expresión de Blaise Pascal, un científico francés que vivió en el siglo XVII: “La conciencia es el mejor libro moral que tenemos”.