«¡Felicitaciones a República Dominicana por mejorar la percepción de transparencia por tercer año consecutivo! Con la aprobación de reformas pendientes como la ley de contrataciones públicas, vemos oportunidades para mejorar aún más».

Con estas palabras, la Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Patricia Aguilera, valora el informe sobre RD, respecto al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) del año 2023, de la entidad no gubernamental (ONG) Transparencia Internacional (TI), cuya sede central está en Berlín, Alemania.

Transparencia Internacional fue creada en el 1996 y desde entonces, cada año, publica el siempre esperado “Índice de Percepción de la Corrupción” (IPC), en todo el mundo.

República Dominicana ha figurado casi siempre entre los países que encabezan esa nada halagüeña lista, en la que, en una escala de 0 (alta) a 100 (baja), la entidad internacional presenta la apreciación de la sociedad en torno a ética, transparencia, probidad e integridad en la administración pública, basada en 13 indicadores.

En 2020, República Dominicana tuvo una puntuación de 28; en el 2021, alcanzó dos más, para colocarse en 30, en el 2022, recibió 32 puntos; y ahora, se conoce el del año 2023, que es de 35 puntos; o sea, los aumentos en la calificación han sido continuos y sostenidos.

Por ello, es de justicia resaltar este informe del año 2023, que provocó el titular de la cadena de noticias norteamericana CNN, el pasado martes: “República Dominicana único país de América Latina que logra en un año avances contra la corrupción, según la ong Transparencia Internacional”.

En la lista de 180 países en los que TI realiza el informe, República Dominicana ocupa hoy el lugar 108, porque subió 35 puntos y, además, superó la proporción anterior, respecto al aumento, que desde el 2020 hasta el 2022, siempre fue de dos en dos y para este período, aumentó tres puntos.

Partiendo solo de los números fríos, la información sobre el IPC parecería insignificante para el cambio de paradigmas y comportamientos que se busca desde hace tiempo en un país, en el que desde el siglo pasado la corrupción “sólo se detenía”, en la puerta del despacho de un histórico, por muchas razones, presidente de la República.

El mandatario histórico de referencia es el extinto Joaquín Balaguer Ricardo, quien gobernó el país durante seis períodos constitucionales, tres corridos 1966-1978; y ocho años después, otros tres, (1986-1996) con una modificación de cuatro a dos años en la última gestión (1994-1996).

Este relato confirma que cualquier dato que privilegie la posibilidad de que en el país cambie la percepción sobre el índice de corrupción es importante. Porque ¿qué es la percepción, sino la capacidad que tienen las personas para interpretar las sensaciones que perciben sus sentidos y que les genera una opinión?…

El informe del año 2023 sobre la IPC es importante, muy importante, y la forma en la que ha sido evaluado por distintos sectores y por medios de comunicación nacionales e internacionales, también, pero no puede ser tomado como un estímulo para el orgullo.

Este informe debe servir para continuar el trabajo del fortalecimiento institucional, así como la creación de mecanismos de prevención y de sanción para combatir ese flagelo político, económico y social, que tanto ha impactado en los niveles de pobreza.

De una pobreza larga y profunda, que se manifiesta en áreas tan vitales como la educación, la salud, la vivienda y otros menos tangibles, pero no menos importantes, como la cultura, y hasta la esperanza y la dignidad.

Este IPC también debe convertirse en un muro de contención para quienes intenten incurrir en malas prácticas administrativas desde instancias públicas o pretendan asumir puestos con ideas malsanas, porque es difícil que haya alguien que quisiera que el país registre en este 2024 una reversa en la lucha contra la corrupción o, por lo menos, en la percepción que sobre ella tiene la sociedad.