El economista anarcocapitalista, libertario, Javier Milei, asumió recientemente la Presidencia de Argentina, asegurando que su primera misión será aplicar un «plan de shock» para intentar estabilizar la economía, que arrastra profundos desequilibrios macroeconómicos.

Milei formuló como objetivo fiscal lograr en 2024 el equilibrio financiero (resultado fiscal primario y pago de intereses de la deuda), lo que supone como mínimo lograr un superávit primario equivalente al 2 % del PBI. Para ello, debería aplicar un ajuste fiscal de al menos un 5 % del PBI, una meta ambiciosa que implicaría medidas drásticas y no exentas de impopularidad y costes políticos.

Una de las prioridades de Milei es disminuir los pasivos del Banco Central. La deuda no remunerada del Banco Central asciende a unos US$25,000 millones de dólares, instrumentos financieros (Letras de Liquidez —Leliq— y Pases Pasivos) colocados a corto plazo entre bancos comerciales.

Otra prioridad de Milei es su plan de dolarizar la economía y cerrar el Banco Central. Sin embargo, esas promesas parecen haber perdido fuerza o, al menos, no será ejecutado de inmediato.

Con las medidas que tome Milei se espera una devaluación del tipo de cambio oficial entre un 75 y un 100 %. Luego vendrían otras medidas hacía la progresiva unificación cambiaria y, finalmente, el levantamiento del denominado “cepo” cambiario, conjunto de restricciones para acceder a la compra de divisas.

Milei, también propone eliminar la «represión» de los precios de la economía que mantiene fijos ciertos valores de bienes y servicios regulados.

Esta corrección, junto con las medidas cambiarias que piensa adoptar, tendrá un efecto altamente inflacionario, con un índice de precios ya muy elevado, cercano al 160 % interanual en noviembre. La «estanflación» (estancamiento e inflación) será el resultado.

Por último, en Argentina se aplicará la doctrina del shock con un 40 % de personas pobres. Es una “apuesta económica riesgosa” que generará grandes conflictos sociales y políticos. Argentina no es Panamá, ni Ecuador o El Salvador. El plan de schock afectará a los más pobres, traerá desempleo, conflictos sociales y grandes manifestaciones.