Una realidad sale a relucir con el escándalo de los sobornos pagados por la empresa constructora Odebrecht para obtener contratos con el Estado dominicano: una parte del Congreso Nacional se había constituido en una especie de mercado para aprobar contratos de préstamos para financiar obras públicas.

Al menos eso es lo que refleja el documento de la solicitud de medida de coerción depositada por la Procuraduría General de la República ante el juez designado por la Suprema Corte de Justicia para instruir el caso.

Cuando el soborno mueve una ley o un contrato de préstamo no se puede esperar la defensa del interés nacional, ni mucho menos que se busque la negociación más conveniente para el país.

Según la Procuraduría General de la República, los contratos de financiamiento de las 17 obras asignadas a Odebrecht se aprobaron en el Congreso gracias a los sobornos.

La imagen y credibilidad del Congreso quedan muy marchitas por este escándalo, sin mencionar que ya recientemente hubo otro escándalo por las mismas causas, aunque con actores diferentes. Se trata del supuesto soborno para la compra de aviones Super T ucano.

El Congreso Nacional y sus líderes tendrán que dedicar muchos esfuerzos para recuperar la confianza de la población.