Fruto de la experiencia con el presente estado de emergencia, esincontestableque su regulación debe ser fortalecida. No obstante,los avances en la reforma constitucional de 2010 y la Ley 21-18 sobre regulación de los estados de excepción, los últimos meses han brindado lecciones que deben tener consecuencias normativas.

Una vez más, se confirma que la realidad es más creativa que el legislador y que, por mucho que se sepa antes, siempre se aprende de la experiencia.

Empecemos por señalar lo más sencillo: la necesidad de adecuar las leyes a las necesidades de los distintos estados de excepción. Es notorio, por ejemplo, que nuestro legislador no previó la contingencia de una pandemia que, por definición, tiene alcance mundial. No es de extrañar; hace más de un siglo que la humanidad no se enfrentaba a un reto como el actual.

La ley sólo se refiere a epidemias, que no tienen la misma capacidad de descolocar el sistema social, económico y productivo. Contrario a lo dicho por algunos, la Ley General de Salud no brinda al Estado las herramientas para enfrentar un fenómeno de este tipo. Pudiera -y debe- hacerlo, pero sus disposiciones generales son insuficientes.
Y esto es sólo un ejemplo.

Constitucionalmente, es necesario ampliar la capacidad de intervención del Estado en la vida económica durante un estado de excepción, guardando siempre los principios de razonabilidad, proporcionalidad y subsidiariedad.

Esto no aumentaría el poder del Estado, sino que lo reglamentaría, puesto que en este momento la afectación de la vida económica se produce por consecuencia de medidas que en principio no están directamente relacionadas con ella. Lo mejor serían reglas constitucionales claras. La seguridad jurídica saldría fortalecida.

Desde luego, habrá que esperar al fin de la presente crisis. No me parece conveniente que nos dispongamos a cambiar las reglas del juego a mitad del proceso. Sin embargo, es bueno que vayamos tomando notas, las vamos a necesitar.