Cuando se invoca los criterios para una buena gobernanza económica, se hace referencia al fortalecimiento institucional y una mayor fluidez en el establecimiento de los procedimientos que auspician la actividad económica. Pero es que la gobernanza económica sugiere una coordinación armónica entre las políticas macroeconómica y presupuestaria, sustentada en la construcción de un marco legal y constitucional capaz de enfrentar los eventos inesperados con un cierto grado de sostenibilidad.

Este enfoque planteado parte de que en el transcurrir del presente siglo XXI se han producido dos grandes crisis que han estremecido a la economía a escala planetaria. En efecto, la crisis económica y financiera durante el periodo 2008-2012 y la pandemia global 2020-2022, son muestra fehaciente de la fragilidad que envuelve a la economía y obliga a pensar en una gobernanza económica con una perspectiva más  institucional, al tiempo de que cada vez es notorio la interdependencia estricta de las economías.

Es importante destacar que las instituciones y las normas que sustentan el orden economico global superan las seis décadas de su creación, las cuales respondían a un entorno económico de conflictos bélicos, adecuación del comercio global e inexistencia de bloques comerciales. Pero resulta que esas mismas instituciones operan con el mismo esquema normativo que dieron justificación a su existencia, pero que en la actualidad se enfrentan a un mundo que se ha transformado en grado superlativo e impensable.

Los denominados países de economía emergentes, o en vía de desarrollo, en la actualidad se han convertido en actores principales en el contexto de la economía global e influyente en la toma de decisiones de los sistemas monetario, financiero y comercial a escala planetaria. Criterios estos que se interpretan a partir de que los episodios de crisis recientes sugieren la construcción de una regulación económica global, pero lo mismo ocurre con la lucha contra el cambio climático que obliga a recurrir a la cooperación económica internacional.

Vista así las cosas, se puede afirmar que la tarea pendiente con carácter obligatorio es promover la gobernanza de la globalización económica bajo esquemas democráticos, incluyentes y legítimos sin perjuicios del patrimonio público.  El anacronismo de promover la denominada alianza público-privada para desmantelar la participación del Estado en la economía en áreas estratégicas, es desfavorable a una buena gobernanza económica y una muestra de que no se tiene claro y definido la funcionabilidad del Estado.

Desde una perspectiva socioeconómica orientada hacia una política que procure la ordenación del futuro económico y de una mejor gobernanza requiere concebir una visión que sea ajustable a la concepción de una política de desarrollo conforme con las exigencias del siglo XXI. Para ser amigable esta visión se debe pensar en el respeto de los derechos humanos a escala planetaria, replantear la preservación del medio ambiente, la atenuación de la pobreza, mitigar el flagelo de la desigualdad y la desaparición del hambre.

Pensar en la elaboración y ejecución de una política de desarrollo sugiere plantear la concertación entre los agentes activos del liderazgo económico, político y social, donde el epicentro ha de ser la presencia del Estado. Obviamente, la misma ha de concebirse mediante una participación pública para promover dicho desarrollo con vinculación de una eficaz política comercial y financiera que desmonte y reoriente la desenfrenada carrera de endeudamiento público de las últimas tres décadas.

A pesar de que la figura del Estado ha sido reducida de manera significativa, fruto del acelerado proceso económico que ha implicado el fenómeno de la globalización, lo cierto es que este es el que está llamado a impulsar y fortificar el marco normativo que ha de establecer las estructuras regulatorias e institucionales para que se produzca el salto hacia el progreso. La pérdida de espacio del Estado en un mundo globalizado no significa que este ha entrado en una desaparición plena de la soberanía, pues cuando se trata de reducir la inequidad y el desarrollo, la mirada tiene que fijarse en este.

Lo que está ocurriendo en pleno siglo XXI es que estamos frente a una indetenible globalización, con una apertura sin límites y una inmensa desigualdad económica y social que de cara al 2030 obliga a plantearse como objetivo primario disminuir el déficit de desarrollo humano a través de los componentes económico y la buena gobernanza. Los cambios que han producido el desarrollo tecnológico, la evolución demográfica, el cambio climático, la crisis de la pandemia global y los desequilibrios económicos parecen ser abordados con timidez y poco sentido de su dimensión social económico y político por varios gobernantes.