Una ley por sí sola no puede convertirse en el único recurso para impedir que ocurran accidentes de tránsito, si no se cuenta con el personal idóneo e incorruptible para aplicarla.

Hace poco el presidente de la Suprema Corte de Justicia se mostró partidario de endurecer las sanciones contra los conductores que provocan accidentes fatales de tránsito.

La referencia cercana está en los últimos accidentes en vías interurbanas.

Sobre todo el ocurrido recientemente en Majagua de Sánchez, provincia Samaná, en el que fallecieron 16 personas.

La reacción, sin embargo, no se corresponde con la búsqueda de la mejor solución, que ayude a bajar la incidencia de accidentes y las muertes innecesarias en calles y carreteras del país.

Hay que buscar la solución en una práctica preventiva de todos los días. Las leyes existen. Las sanciones están contempladas en las leyes, solo que las autoridades encargadas de aplicarlas no son lo suficientemente sistemáticas para lograr el objetivo.

Un caso parecido ocurre en el ámbito de la corrupción. Tenemos todas las leyes necesarias para impedir el desfalco del erario, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de drogas y la expansión del blanqueo de dinero o el tráfico de toda índole por la frontera con Haití.

Aun así, todos los días vemos cómo estos problemas crecen y se expanden.
La prensa dedica importantes espacios para hacerse eco de tan galopante situación de deterioro, la inmensa mayoría de estos desmanes sin sanciones o consecuencias inmediatas.

¿Cuenta el país con leyes débiles para impedirlo? No. De eso estamos convencidos. Falta voluntad para aplicarlas. La Suprema Corte de Justicia también debe preocuparse más por esto.