El viejo refrán que dice que quien hace la ley hace la trampa, aludiendo a los incumplidores de las normas que ellos mismos han establecido, parecería como hecho a la medida para los congresistas dominicanos.

Dejando a un lado a las consabidas excepciones que confirman las reglas, los legisladores que integran las dos cámaras de nuestro Congreso Nacional se caracterizan por elaborar leyes y resoluciones que favorecen intereses personales o posiciones aventajadas para sus respectivos partidos políticos.

Ahí están, como pruebas, los famosos “barrilitos” y “cofrecitos”, así como las exoneraciones, dietas especiales y otros privilegios por el estilo, de una parte, y la no aprobación del proyecto de ley de Partidos que lleva más de diez años sin aprobarse, por la otra.

La eternización de la ley de Partidos brincando año tras año de una legislatura para otra, permite que los partidos políticos, y por ende, los diputados y senadores, no tengan que rendir cuentas de lo que hacen con los dineros públicos que reciben del Estado, entre otras cosas.

Ese rejuego inmoral debe terminar, y para ello hay que impedir, de alguna manera, que el que haga la ley siga haciendo la trampa.