SANTO DOMINGO.-El debate en torno a la Ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) generó ayer decenas de advertencias sobre su aplicación, amenazas de impugnación ante las altas cortes y el inicio de un diálogo entre el Gobierno y la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) que busca una salida.

El presidente de la SDD, Persio Maldonado, lamentó que el cuestionamiento a la Ley 1-24 esté ocurriendo en un país que recientemente alcanzó el primer lugar de ranking de libertad de prensa en el Índice de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

“Es lamentable que después de haber sacado un 100 estemos nosotros bregando con este tema, pero ese es el trabajo cotidiano de nosotros, esa es una lucha que no termina nunca, yo creo que siempre tenemos que estar alerta, porque siempre hay riesgos contra la libertad”, dijo.

Las declaraciones de Maldonado se produjeron al finalizar una primera ronda de conversaciones.
Informó que se centraron en los artículos 9, 11 y 26, pero que la idea es revisar la ley completa.

“Hicimos la alerta sobre la ley y básicamente centramos la atención allí porque es tal vez donde están los aspectos más sensibles que pudieran afectar, pero la idea es revisar todo el contenido de la ley”.

Enfatizó que la SDD espera concluir esos encuentros para “entonces sugerir al Poder Ejecutivo la fórmula de solucionar el tema”. Maldonado Sánchez reiteró que lo que más le preocupa a la SDD es “la forma ambigua en que está redactada la ley” ya que “se constituye en un riesgo, porque en materia jurídica el límite es la imaginación, y cualquier funcionario, interpretando la ley a su manera, pudiera generar abusos desde el poder, y yo creo que eso es lo que tenemos que evitar”.

Posición Gobierno
Por el Gobierno asistieron el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto.

Maldonado aseguró que los representantes del Gobierno que asistieron al encuentro fueron sensibles y que entendieron que hay un tema por resolver. “Esperamos que en las tres reuniones que vienen podamos ponernos de acuerdo, ya iremos con aspectos mucho más concretos allí y meter los temas en el cedazo y que salga lo mejor”.

Detalles de los trabajos
La ley agotó todo su proceso legislativo en el período festivo de Navidad y Año Nuevo y fue validada por diputados de los partidos de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo.

Un senador que conversó con EL DÍA del tema, cuestionó el trabajo de sus colegas argumentando que “la mayoría no quiere ir a comisión” y que cuando asisten, se van con premura dejando a los encargados jurídicos el trabajo pesado.

En un comunicado de prensa enviado por el Senado el pasado diez de enero, se hacía constar en una cita que en la solicitud de información, intervendría una orden judicial pero, dicho elemento, no está en el texto aprobado.

Partidos y sociedad
El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, dijo que la Ley 1-24 representaba el mayor retroceso que ha experimentado el país desde la muerte del dictador Rafael L. Trujillo.

“Es muy grave en el sentido de que una sola persona tenga tanto poder para intervenir lo público y lo privado. Digo que tiene más atribuciones que la CIA, el FBI y que la KGB en tiempos de la Unión Soviética y que el Mossad de Israel. A una persona no se le puede otorgar tanto poder.

Tampoco la ley prevé el papel de las Fuerzas Armadas”.
Ya entrada la noche, el Partido de la Liberación Dominicana convocó a los medios de comunicación para notificar que elevará una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Indicaron que la Ley 1-24 destruye todos los controles y protocolos judiciales establecidos en otras leyes que garantizan el respeto a los derechos individuales de privacidad, intimidad y honor personal, secreto profesional y de las comunicaciones.

Mientras que, un grupo de organizaciones al presentar una acción de inconstitucionalidad, aseguraron que entre los artículos que viola de la carta magna se encuentran el 40: Derecho de libertad y seguridad personal; artículo 44: Derecho a la intimidad y el honor personal; artículo 48: Libertad de reunión; artículo 49: Libertad de expresión e información; artículo 68: Garantía de los derechos fundamentales; artículo 69: Tutela judicial efectiva y debido proceso.
Cuestionaron los poderes concedidos al DNI sin delimitar de manera clara sus funciones.

Lo que rebate

— Peligro
El artículo 9 que versa sobre las atribuciones, el 11 que exige la entrega de información sin la intervención de un juez y el 26 que establece sanciones penales por negarse a dar datos son los cuestionados por la SDD.

Defensor Pueblo hizo observaciones
Detalle. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, había recomendado en una carta que dirigiera al Congreso revisar el artículo 11 sobre la obligatoriedad de entregar información al DNI por parte de instituciones públicas y privadas.

“Si bien es cierto que se estila en la mayoría de los Estados, no menos cierto es que en uno que se precie de decir que es “de Derecho”, este artículo debería estar sujeto a mayores definiciones de alcance y limitaciones”.

Indicó que, en todo caso, debe ajustarse a lo establecido por el Código Procesal Penal en esta materia, así como las limitaciones clásicas relacionadas con la protección de datos personales de terceros, la privacidad y la intimidad consagrados por el artículo 44 de la Constitución de la República.