Las reiteraciones de la necesidad de un aumento de sueldos a los empleados por parte de connotados políticos, encuentra cada vez más resonancia, no tan solo de técnicos al servicio del gobierno, sino también de parte de líderes empresariales.

El recién dispuesto aumento de sueldo a los miembros de la Policía Nacional, así como los aprobados para maestros y acordados con la clase médica constituyen evidencias de que está en pie todo un movimiento para incrementar los ingresos de los empleados.

Las motivaciones para esta oleada radica en tres fundamentos: el primero es la justificación de que los sectores de ingresos más bajos no generan suficientes recursos para cubrir la canasta básica de bienes y servicios.

La segunda justificación radica en la necesidad de que el crecimiento económico del país sea derramado a las mayorías y para ello se acude al sueldo, olvidando las conquistas sociales y el alto costo que ellas representan para patronos y gobierno.

El tercer argumento es que con significativos aumentos el país no se perjudicaría en su competitividad internacional.
Aunque todo lo anterior sea válido, el país no puede seguir con compensaciones discriminadas al pagar por un mismo trabajo sueldos diferenciados.

¿Por qué un mismo trabajo en una zona franca, establecimiento turístico, gobierno, pequeña empresa o empresa de mayor dimensión merecen un pago diferenciado? ¿Acaso no es el mismo trabajo del mismo dominicano?

La segunda consideración es la del costo real de un empleado. Hay que tomar conciencia que cada peso de sueldo está representado por erogaciones de más de 40 centavos por concepto de regalías, TSS, Infotep, reserva de cesantía, beneficios marginales, etc.

A esto se le suma una rigidez en las leyes laborales que desincentivan la creación de nuevos empleos. Por ello miremos el tema de los aumentos de sueldos con una visión integral, realista, no populista.