En mayo pasado la Junta Central Electoral adoptó una resolución para concederles apellidos, y consecuentemente la nacionalidad dominicana, a personas declaradas en estado de abandono.

La medida se hizo pública recientemente, pues no había sido divulgada como suele hacer ese organismo al final de cada Pleno y hace apenas unos días que la colocó en su página web.

Se desconoce el origen de esa resolución o las manos que la impulsaron, pero les presumimos buena fe a los miembros del Pleno de ese órgano responsable de la custodia del registro civil y garante de la nacionalidad.

La República Dominicana vive una situación especial con relación a la migración haitiana, una población empobrecida e indocumentada.

El propio presidente de la Junta Central Electoral ha afirmado que República Dominicana se ha convertido en una especie de “paritorio” de los haitianos, por lo que resulta un atractivo para muchos haitianos tirar al olvido sus apellidos para declarar a sus hijos como abandonados y que así puedan adquirir la nacionalidad dominicana.

También podrían acogerse a esa “gracia” los miles de haitianos que entraron al Plan de Regularización pero que no han podido completar su proceso porque carecen de documentos de su país.

No es un secreto que organizaciones locales y extranjeras tienen un asedio contra el país para que les sea concedida la nacionalidad dominicana a miles de haitianos.

Aun no decimos que la resolución sea mala o que sea buena, sino que no fue lo suficientemente ponderada y discutida, tomando en consideración sus implicaciones presentes y futuras.