EL DÍA reconoce la eficiencia con que se maneja el estatal Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y que además brinda un servicio que supera a muchas de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas.

También hemos manifestado en otras ocasiones que cuando hay desacuerdo con una ley lo que la institucionalidad manda es a que se hagan los esfuerzos para que el Congreso Nacional la modifique o la derogue conforme a la Constitución de la República.

Los dos párrafos precedentes sirven de preámbulos para indicar que luce discriminatoria la parte de la Ley de la Seguridad Social que obliga a los empleados públicos a afiliarse a una ARS determinada, que en este caso es el SeNaSa.

El Tribunal Constitucional dispuso que esa parte de la Ley es conforme a la Constitución y que por tanto, mientras esté vigente, hay que cumplirla. Por tanto, lo institucionalmente prudente es abrir la discusión en el Congreso Nacional para cambiar esa disposición, para que SeNaSa pueda captar a los empleados públicos como cualquier otra ARS, brindando servicios y convenciendo a los afiliados.

El empleado público tiene el derecho de escoger a cuál ARS afiliarse para el Seguro Familiar de Salud. Mantener la legislación como está vigente es discriminatoria, pues solo el empleado privado podrá escoger la aseguradora de su preferencia.

Esa parte de la ley en nada ayuda a que el SeNaSa compita en base a calidad del servicio. Estaría montándose sobre un monopolio que a la larga terminará perjudicando al afiliado.

No se trata de desacatar la ley o de violarla, sino de que el Congreso Nacional la modifique para bien de los servidores públicos.