No hay en el sistema de justicia penal ningún organismo con más atribuciones que el Ministerio Público (MP). Es cierto que la labor de los jueces, defensores y Policía Nacional es también imprescindible.

Sin embargo, la Constitución de la República (CR) y el Código Procesal Penal (CPP) le atribuyen al MP tantas funciones que lo hacen presente en todas las etapas del proceso, incluso las pre-delictuales.

Según la CR, el MP tiene la facultad de diseñar la política del Estado contra la criminalidad, pero también de perseguirla. Según el CPP, perseguir significa la dirección funcional de la investigación, procurando tanto las pruebas de cargo como de descargo, y en caso de que proceda ejercer la acción pública o medidas alternativas. Su labor no acaba con la sentencia, si es condenatoria, pues interviene en el proceso de ejecución de la pena y, más aún, es el encargado del sistema penitenciario. Pero además es el garante del derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos.

Si las políticas de seguridad se van a tomar en serio, no cabe duda de que una de las piedras angulares es el MP. Claro está que el problema del déficit presupuestario es real y que el Estado debería esforzarse por mejorar las condiciones salariales de los miembros del MP.

Sin embargo, la conflictividad e inseguridad ciudadanas son fenómenos que no pueden esperar. Tampoco son viables los esfuerzos destinados exclusivamente a las reformas de leyes, aunque para el caso de la Policía Nacional pudiera ser un paso adelante.

Pero en el caso del MP lo que se requiere es el aumento de su capacidad de respuesta y de instrumentos que garanticen una labor independiente, expedita, contundente y eficaz.

Los actores políticos, al conformarse con las reformas normativas ya producidas en el ámbito del sistema de justicia, han demostrado que prefieren lo opuesto, es decir un MP genuflexo, desincentivado y estéril.
Los signos que manifiesta el sistema judicial en general son preocupantes. Las reformas son importantes, pero la configuración de las instituciones no se resuelve sólo con la norma.

Es deber de los actores políticos fomentar y fortalecer la cultura institucional trazada por las normas, facilitando los medios para que los actores principales del sistema de justicia asimilen los roles instituciones asignados normativamente.

De lo contrario las instituciones sólo servirán de Caballo de Troya para las mismas prácticas que se procuran superar o mejorar. Más allá de las reformas pendientes, lo que debe ser incluido en la agenda nacional es la consolidación, continuación y robustecimiento de aquellas ya existentes. Sólo la determinación de los actores políticos y de la ciudadanía comprometida posibilitará superar este estado de cosas.