Juez Francisco Ortega notifica a Procuraduría medidas de coerción a imputados caso Odebrecht

Juez Francisco Ortega notifica a Procuraduría medidas de coerción a imputados caso Odebrecht

Juez Francisco Ortega notifica a Procuraduría medidas de coerción a imputados caso Odebrecht

El juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Francisco Ortega.

SANTO DOMINGO.-El juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, notificó este viernes a la Procuraduría General de la República las medidas de coerción dispuestas para los imputados de recibir sobornos de la empresa Odebrecht, a los fines de que proceda al traslado de cada uno a sus respectivas cárceles, en aquellos en que fueron impuestas prisión.

No obstante la comunicación del magistrado Ortega a la Procuraduría no es seguro que los ocho funcionarios y exfuncionarios sean trasladados hoy a La Victoria y Najayo. La comunicación del juez a la Procuraduría constra de 51 páginas.

«Eso hay que coordinarlo, pero ese proceso se puede tardar de uno a tres días», dijo la Procuraduría a El Día.

Ángel Rondón, Temístocles Montás, Víctor Díaz Rúa, César Sánchez, Ruddy González, Máximo De Oleo, Andrés Bautista y Conrado Pittaluga permanecen en una cárcel del Palacio de Justicia a la espera de ser trasladados a La Victoria, en el caso del primero, y a Najayo los demás.

El el juez Ortega también dictó prisión preventiva contra Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, mientras que a los senadores Tommy Galón y Julio César Valentín, así como al diputado Alfredo Pacheco les impuso impedimento de salida, presentación periódica y una indemnización económica.

Procuraduría dijo que debe coordinar el traslado de los imputados y que eso puede tomar de uno a tres días.

Los exfuncionarios están acusados de recibir sobornos de la empresa Odebrecht a través del empresario Ángel Rondón. Todos, según la Procuraduría serían parte de una trama corrupta en perjuicio del Estado dominicano.

En el período 2001-2014 a la empresa Odebrecht le fueron adjudicados 17 contratos para la construcción de obras de infraestructuras por un valor superior a los US$5,000 millones. La empresa admitió que pagó sobornos por US$92 millones a funcionarios y legisladores a cambio de que le facilitaran la obtención de los referidos contratos.

 



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