Los datos preliminares dados a conocer ayer por las autoridades en torno al caso del asesinato del abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez Ferreras han conmocionado al país y de seguro que estamos frente a la punta de un iceberg.

La versión preliminar implica corrupción administrativa, extorsión y asesinato.

La Fiscalía y la Policía informaron ayer que Ramírez Ferreras extorsionaba al director de la OMSA, quien utilizó a un empresario para negociar el pago que evitara el sometimiento judicial.

Ese simple dato da como un hecho que en la OMSA hay actos de corrupción demostrables, lo cual también muestra debilidades en los mecanismos de control del Estado.

De ser cierta también la extorsión, indica que la corrupción ha hecho metástasis, porque implica que personas que hacen opinión pública denunciando corrupción lo hacen como mecanismo perverso para ellos lucrarse.

Las autoridades ya señalaron a los autores materiales del asesinato del abogado y profesor universitario, dos empleados de la OMSA, ahora se está a la espera de la segunda parte de este asunto: determinar si actuaron por mandato de otros, y de haber sido así, que esos otros paguen sus culpas.

Lástima que no se trata del primer caso de corrupción en el que solo se actúa después de que hay al menos un muerto.

La sociedad espera un castigo ejemplar para todos los involucrados en este oscuro entramado.