Resulta difícil de entender las protestas de organizaciones de comerciantes en contra de las impresoras fiscales, cuando éstas sólo registran las operaciones de los comercios.

Los simples argumentos esgrimidos públicamente los incrimina.

Veamos:

Las impresoras fiscales dejan registro del Itebis cobrado a los consumidores y que esos comercios sólo actúan como agentes de retención en los casos de mercancías gravadas y cuyo pago no es opcional. ¿Pretenden esos comercios no entregarle al Estado lo que ellos retuvieron a sus clientes?

También las impresoras fiscales registran el volumen de los ingresos, que al contraponerlos con sus gastos arroja al final de año el estado de ganancias o pérdidas.

Sobre las ganancias hay que pagar un Impuesto Sobre la Renta. ¿Pretenden los quejosos evadir esa responsabilidad fiscal?

Los argumentos que han esgrimido hasta ahora las asociaciones de comerciantes apuntan hacia una intención de evasión fiscal, una violación a las legislaciones vigentes.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tiene el mandato legal de cobrar los impuestos y tomar cuantas medidas sean pertinentes para evitar la evasión. Por lo tanto, atribuirle maldad por cumplir con sus obligaciones legales no parece que sea nada razonable.

Eso es lo que hemos entendido hasta ahora, a partir de las declaraciones públicas de los dirigentes comerciales.

Sería diferente si su protesta fuera porque las altas cargas impositivas de muchos bienes de consumo reducen la capacidad de compras del consumidor, lo que a su vez se traduce en menos ganancias para el comerciante.

Planteado así sería una queja entendible.

Pero intentar quedarse con los impuestos cobrados a sus clientes o no pagar lo que corresponde por las ganancias luce poco sensato.