La población carcelaria en la República Dominicana excede los 25,000 ciudadanos. Este total de internos se encuentra esparcido en las cárceles del viejo y del nuevo modelo.

La cantidad de presos preventivos sigue siendo elevada, pues son más del 57% del total de internos. (Informe Dirección General de Prisiones 2017).

La política de encarcelamiento del Estado debe ser definida tomando en cuenta el objetivo fundamental de la pena, que es la reeducación y reinserción social de los convictos o personas privadas de su libertad, en la medida en que puedan ser productivos para la sociedad en su conjunto.

Por eso debemos dejar atrás viejos paradigmas y la cultura en el país de seguir llenando las cárceles de presos preventivos. Esto incrementa el costo a los contribuyentes de mantener esos recintos que, por demás, en por lo menos alrededor del 50%, no ofrecen las condiciones necesarias de seguridad y de sólidos programas de desarrollo para los internos, incumpliendo con los mandatos de la Constitución y las leyes.

Los programas actuales con fines de bajar los índices de internos en el país, como la instalación de dispositivos electrónicos de rastreo, priorizando a quienes no representan un peligro para la sociedad ni de fuga del proceso judicial, la virtual descriminalización de los delitos económicos cuando el daño pueda ser resarcido, deben ser ejecutados de manera inteligente.

La tecnología nos permite mediante radio frecuencia garantizar que mediante el grillete electrónico los imputados no incumplan con la medida impuesta. Además con la utilización de dispositivos de monitoreo de GPS las autoridades tienen la posibilidad de saber la ubicación exacta en todo momento del imputado.

El programa de dispositivos electrónicos de rastreo que ejecuta el sistema de justicia y carcelario está mal diseñado. ¿Es posible que el imputado asuma los costos del aparato electrónico, si no tiene los recursos ni tiene la posibilidad de salir a trabajar y ser productivo para la sociedad, estando bajo prisión domiciliaria?

Peor aún, si el imputado bajo grillete falta al pago se le envía a la cárcel, creando con ello una nueva modalidad de prisión por deuda, prohibida por disposición constitucional. Si no es un retroceso, se parece.