El país atraviesa por un periodo de alta violencia, caracterizado por muertes producidas por armas de fuego en manos de civiles. Cada día se reportan nuevas víctimas.

Las autoridades reaccionan tarde. La Procuraduría General de la República demanda, a través de su titular, Francisco Domínguez Brito, a que la sociedad apoye la abolición de porte y tenencia de armas de fuego.

Hay toda una línea de la criminalidad vinculada al porte de armas. No importa que estas se lleven de manera legal. Un arma sirve para la defensa, pero de un tiempo a esta parte son utilizadas de manera recurrente por el crimen organizado, los vendedores de drogas y traficantes de personas para intimidar y cometer sus fechorías.

El periódico EL DÍA en múltiples oportunidades ha levantado la bandera del desarme total de la población civil.

Hecho que garantizaría despejar el panorama y deslindar el espectro de la criminalidad y el abuso a que termina sometida la otra parte desarmada de la sociedad.

Esperemos que este llamado, el cual apoyamos totalmente, sea atendido con la importancia y el rigor que demanda el momento crítico que atraviesa el país.