El Gobierno dominicano ha ejecutado una de las más abarcadoras e incluyentes reformas migratorias del mundo.

Pocas naciones del globo terráqueo pueden exhibir una similar, pues los niveles de solidaridad mostrados con el extranjero que reside aquí de manera irregular ha sido simplemente fuera de serie.

El Estado dominicano asumió un alto costo económico para hacerles gratuito el proceso, concesión que no hicieron ni siquiera los gobiernos de los países de donde ellos son ciudadanos.

El Plan Nacional de Regularización está a punto de llegar a su fin y los extranjeros que no regularizaron su estatus o que no calificaron para hacerlo serán pasibles de repatriación a sus países de origen.

A partir de ese momento las autoridades dominicanas tienen la obligación de repatriar a todos los extranjeros que residen en el país de manera irregular, pero tienen una serie de parámetros a tomar en cuenta.

Las repatriaciones masivas o indiscriminadas simplemente no son posibles, pues aunque se repatrien grandes cantidades de personas, cada caso debe individualizarse.

El Estado dominicano puede repatriar cuantas personas esté en capacidad de procesar de manera individual, respetándoles el debido proceso.

Las autoridades dominicanas han sido reiterativas en señalar que no habrá más extensión del plazo en que finaliza el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y que repatriará a los que deban ser repatriados. Pero también ha mostrado su interés en hacer de manera correcta el proceso que sigue, que es el de las repatriaciones.

No debe haber “cacerías de extranjeros”, ni encender la inhumana “camiona” en la que se introducen personas por suponerlas extranjeros ilegales, sin darles la oportunidad de esclarecer su situación.

Para poder exhibirnos como Estado garante de los derechos humanos, las repatriaciones deben hacerse como mandan las leyes, respetando el debido proceso.