*Por: Francina Hungría

La seguridad social constituye la columna vertebral de la protección social, necesaria para fomentar el desarrollo humano a través de la cohesión y la inclusión. Un sistema de seguridad social que cuente con una cobertura universal, una adecuación justa y equitativa de sus prestaciones y una estructura que garantice su sostenibilidad a largo plazo contribuye a una mejora exponencial de la actividad productiva, la que a su vez reduce las disparidades sociales que perpetúan la pobreza.

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2018), América Latina y el Caribe tiene un gasto social promedio de 4.9% sin contemplar la salud, 9.6 puntos porcentuales menos que lo invertido por los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que destinan alrededor de un 14.5%.

La escasa inversión social supone uno de los principales retos para que los países de la región erradiquen la pobreza en todas sus formas, alcancen la igualdad de género y reduzcan las desigualdades, objetivos 1, 5 y 10 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, respectivamente.

República Dominicana no escapa de esta realidad. Como país emergente, ha logrado avances significativos que han hecho de su economía la más grande de Centroamérica y el Caribe durante los últimos 25 años.

Pese a ser un país de ingreso medio que ha mantenido fundamentos macroeconómicos estables y una inflación moderada, Sánchez Tatis (2021) advierte que el escaso gasto social, acompañado de una desaceleración de los ingresos y un aumento en los niveles de desigualdad indican “el limitado impacto de más de dos décadas de crecimiento sobre los niveles de pobreza”.

La inversión en salud ha fluctuado entre el 1.6% y el 2% con relación al PIB frente a un promedio regional de 4.5%. Esto concuerda con la OIT, que registra que el país ha destinado menos del 5% en protección social, evidenciando los escasos recursos con los que ha trabajado el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) desde su creación en 2001 a través de la Ley 87-01.

La crisis que vive el mundo tras la pandemia del covid-19 demostró que la economía es incapaz de operar sin antes garantizar la salud y el bienestar de la sociedad. Lograr un sistema social universal y único que beneficie a todos en igualdad de condiciones, tal y como lo establece la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, requiere de una ambiciosa asignación presupuestaria.

Para consolidar el sistema de seguridad social dominicano bajo una perspectiva de desarrollo, se necesitan garantías de que sea sostenible en el tiempo. Invertir en el SDSS permitirá expandir las prestaciones, aplicar las reformas para transformar su sistema de costos y mejorar la calidad del gasto público a través de la reducción de programas de asistencia.

El financiamiento de la seguridad social depende, primordialmente, de los tributos que pagan los trabajadores formales. La informalidad laboral lastra la calidad y efectividad de la seguridad social dominicana, al dejar fuera a los 6,211,520 dominicanos que conforman la Población Económicamente Activa (PEA) del sector informal.

Estamos hablando de que un 59% del total de la población carece de un seguro médico, de una indenmización por riesgos laborales y de un fondo por pensión, discapacidad o sobreviviencia, una realidad preocupante que relega a este grupo de personas a la dependencia financiera y a la indefensión, en un contexto en el que el envejecimiento poblacional y los altos costos médicos que demanda este segmento se hacen más presentes en América Latina.

Evidentemente, atacar la informalidad es una tarea primordial para la recuperación económica pospandemia y para la sostenibilidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social. También para que República Dominicana salga del círculo vicioso de inequidad en el gasto público, que genera altos niveles de desigualdad, pobreza y deterioro general de las condiciones de vida.

Es un momento crucial para implementar reformas que propicien que los ciudadanos adquieran las capacidades, destrezas y herramientas necesarias para insertarse en el mercado productivo; considerando que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) establece como la primera causa de la informalidad el bajo nivel y la deficiente calidad del capital humano de los sectores vulnerables.

Los desafíos son inmensos, pero también son diversas e infinitas las posibilidades de implementar los cambios que incidan en que la recuperación económica vaya asociada a la construcción de una sociedad más igualitaria.

En ese sentido, el Proyecto de Formación Técnico Profesional Inclusiva (FOCO), auspiciado por la Unión Europea, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), es una respuesta a la necesidad de formación técnico profesional que tienen las personas con discapacidad.

Adicionalmente, representa una oportunidad para que este segmento social acceda a un empleo formal y con ello a coberturas de seguro médico y contra riesgos laborales, prestaciones laborales y pensiones dignas.  En palabras simples, es una herramienta para garantizar una protección social que les permita desarrollarse gozando de derechos elementales.

Como parte de esta iniciativa, en la que trabajan el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep), la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad (La RED) y la Fundación Francina, se adaptarán a formatos accesibles diez de las capacitaciones más demandadas para la empleabilidad por parte de los sectores productivos del país.

De esta manera, se incrementan las posibilidades de este colectivo de ingresar y/o permanecer en el mercado laboral y se sientan bases sólidas para lograr la cobertura universal y la igualdad de acceso al sistema de seguridad social.

Es que otra de las debilidades de la seguridad social dominicana y la protección social recae sobre la falta de equidad. El acceso casi nulo de las personas con discapacidad a las pensiones solidarias y a prestaciones laborales representa el mejor ejemplo. Los grados de discapacidad que la Ley 87-01 determina como criterio para otorgar estos derechos se basan en la evaluación médica de los beneficiarios sin contemplar las limitaciones sociales, como la carencia de ajustes razonables en los espacios laborales, lo que pone en juego su garantía.

El Consejo Nacional de Discapacidad trabaja en mejorar el Sistema de Valoración, Certificación y Registro Continuo de la Discapacidad, con apoyo del Banco Mundial y la Organización Panamericana de la Salud para cerrar estas brechas, pero esta tarea necesita de una reforma a la normativa vigente para que se implemente de manera exitosa.

La negación de las prestaciones, la baja calidad y el excesivo gasto de bolsillo constituyen, junto a la carencia de mayores inversiones, cobertura universal y acceso equitativo, las seis problemáticas que Sánchez Tatis (2021) menciona como grandes obstáculos del desarrollo de la seguridad social y la protección en general.

Los representantes de los grupos políticos, empresariales y sindicales se reunirán en las próximas semanas para determinar la agenda del Pacto Social, un acuerdo que persigue la modificación del Código de Trabajo y de la Ley de Seguridad Social. Urge que las personas en condiciones vulnerables, como potenciales beneficiarios de esta reforma, sean incluidas en esta discusión.

Una reforma social y de salud debe contemplar:

• Aumento de la inversión en protección social y seguridad. Asignar mayores partidas al fortalecimiento de los sistemas de protección social bajo una estrategia de política fiscal anticíclica que garantice la estabilidad de los servicios ante futuras situaciones de crisis, sin que el acceso a las prestaciones se vea afectado.
• Mejora de la formalización de la economía a través de la inclusión de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Como generadoras de más del 50% de empleos en el país, regular a las mipymes permitirá que tanto sus líderes como sus empleados accedan a coberturas de seguro médico, pensiones y prestaciones laborales.
• Sostenibilidad de los sistemas de protección social y seguridad a través de una reforma fiscal. Este punto está muy relacionado con el anterior. Una mayor formalización de la economía trae consigo la ampliación de la base tributaria, lo que debe traducirse en mayores ingresos para robustecer la seguridad y la protección social de la población económicamente activa.
• Expansión de los regímenes contributivos y subsidiarios para garantizar cobertura a los grupos vulnerables como los niños y las personas envejecientes, con discapacidad y comorbilidades médicas. Esta medida reduciría los niveles de indefensión y pobreza monetaria, en virtud con lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo y la Agenda 2030, de la que el país es signatario.
• Actualización a la Ley 87-01 para que responda a las necesidades de los nuevos tiempos. Si bien se ha avanzado mucho en la digitalización de servicios que estrechan la relación entre usuarios y prestadores, el uso de las nuevas tecnologías ha incentivado la creación de nuevas modalidades de trabajo que cuentan con poca protección y seguridad social, por lo que es imperativo tomar en cuenta estos aspectos dentro de la normativa, así como facilitar su aplicación bajo un concepto de equidad, justicia y transparencia.