La independencia del Ministerio Público o de la Procuraduría General de la República ha sido una bandera enarbolada por el presidente Luis Abinader mucho antes de llegar a la Presidencia de la República en las elecciones del 5 de julio de 2020.

La iniciativa, de por sí, ha sido bien valorada por la sociedad dominicana, que siempre había y todavía aspira a tener un Poder Judicial que goce de total autonomía operativa y financiera.

Y el Ministerio Público juega un papel importante en el ejercicio del cumplimiento de las leyes y del respeto de los sagrados derechos de los ciudadanos.

Si bien la actual procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, fue designada por decreto del presidente Abinader, nadie osa en atribuirle alguna dependencia política o de agradecimiento de parte de esta funcionaria, cuya trayectoria es y será siempre reconocida por los diferentes sectores por su pulcritud y responsabilidad con el respeto de las leyes y del orden jurídico del país.

Dentro del marco de esa prometida independencia del Ministerio Público, el Gobierno gestiona un amplio consenso en el seno del Consejo Económico y Social para materializar una reforma de la Constitución, que en principio perseguía este fin trazado por el Poder Ejecutivo, pero que en la propuesta presentada al liderazgo nacional aborda otros aspectos referentes al sistema electoral.

Por ejemplo, en el documento depositado para la discusión en el Consejo Económico y Social se pone en el debate la necesidad de la unificación de las elecciones presidenciales con las congresuales y municipales, que tienen una diferencia de tres meses para 2024.

Creemos que ningún sector sensato podría tener alguna objeción a la unificación de los comicios por la costosa inversión en que incurre el país para escoger a las autoridades presidenciales, municipales y congresuales; más ahora, cuando la pandemia del Covid-19 ha trastornado todo el esquema económico y social, obligando a que el país tenga que priorizar su agenda de cara a los nuevos retos.

Dentro de estas prioridades juzgo que la actual coyuntura no es la apropiada para el debate de cambios en la Constitución, aunque todos los sectores se inclinen a favor de modificaciones sustanciales que demanda el sistema constitucional dominicano.