La mayor parte de los partidos dominicanos con incidencia en las esferas de poder han dado frecuentes muestra de irresponsabilidad y de desdén frente a la institucionalidad y la consideración a los entes sociales distintos a ellos.

En la última etapa la mayor manifestación fue hacerse los sordos ante todos los llamados a a la sensatez frente a una Ley de Partidos Políticos y la Ley de Régimen Electoral en las que ponían sobre la Junta Central Electoral una carga tan pesada que le dificulta caminar con firmeza.

La obligaron a organizarles los procesos internos, además de que tiene que celebrar en febrero elecciones municipales, en mayo elecciones presidenciales y congresionales y de ser necesario, una segunda vuelta en julio.

Esos partidos se comprometieron a buscar el dinero para que la Junta organizara los procesos internos de estas organizaciones, pero ahora la quieren dejar encharcada.

Ahora hay una disputa sobre la correcta interpretación de la Ley Electoral en torno a si hay arrastre o no entre senadores y diputados.

También la quieren poner a intervenir y hasta administrar partidos afectados por disputas internas.

Son tantas las distracciones y cargas adicionales que se están poniendo sobre la Junta, que pudiera verse afectada su capacidad para organizar de manera efectiva los procesos electorales que tiene bajo su responsabilidad.

Peor aún, están dando demostración esos agentes políticos que serán los primeros en darle con el mazo si en algún momento la Junta flaquea como consecuencia de la pesada carga que otros le han impuesto.

Por el bien del sistema electoral y hasta del sistema de partidos, la Junta requiere colaboración de todos los actores sociales para llevar a feliz término su compromiso primario.