Los representantes de los partidos políticos que se acogieron al sistema de primarias, organizadas por la Junta Central Electoral para escoger sus candidatos con miras a las elecciones de 2020, saben perfectamente que la Ley de Partidos establece que es a ellos que les corresponde financiar ese proceso con los fondos provenientes de su financiación estatal.

Para más saberlo, fueron ellos mismos los que decidieron incluir el artículo 47 en la ley, para acallar las críticas que se formulaban en ese momento sobre lo costoso que le saldría al fisco la incapacidad de esos partidos de arbitrar sus procesos internos.

Lo saben mejor que nadie el PLD y el PRM, partidos cuyo secretario general y presidente, respectivamente, son senadores.

También lo sabe muy bien la Junta Central Electoral, cuyo principal muro de contención frente a las disputas que administra es la correcta aplicación de la ley. A ese organismo no le luce hacerle ojos bonitos a una violación de la ley.

Quienes han querido buscar acotejos a la Ley de Partidos Políticos para cargar a los contribuyente un costo adicional, lo único que hacen es enrostrarle a la población su convicción de que el dominicano es un pueblo de estúpidos y que ellos son “los más sabios”, pero se equivocan.

Lo que realmente están haciendo es echándole más leña a un fuego que consume la reputación de los partidos y que arrastra consigo el prestigio de las instituciones públicas.

Lo que tienen que hacer esos partidos y la Junta Central Electoral es pagar por su fiesta y si no quieren gastarlo todo, pues que se hagan ajustes presupuestarios para disminuir el costo de esas convenciones.
La democracia no es cara como dicen algunos de esos políticos avivatos, ellos la han encarecido.